El autor es economista y contador. Reside en Punta Cana.
POR RAFAEL RAMIREZ
Cada cierto tiempo resurge el debate sobre los aumentos salariales como si fueran la solución definitiva al alto costo de la vida. Se anuncian con entusiasmo y se presentan como un logro social. Sin embargo, la realidad cotidiana cuenta otra historia. El salario aumenta, pero la canasta familiar sigue inalcanzable. El problema no es solo cuánto se gana, sino cuánto rinde.
Los porcentajes de aumento salarial suelen ser limitados. No guardan relación con el crecimiento real del costo de vida. Alimentos, transporte, vivienda y servicios suben más rápido. El ingreso nominal mejora, pero el poder adquisitivo cae. El trabajador siente alivio momentáneo, hasta que enfrenta el mercado.
A esto se suma un elemento clave: el impuesto sobre la renta. Cuando el salario aumenta, muchos pasan a otra categoría fiscal. Esto implica pagar un porcentaje mayor de impuestos. Parte del aumento nunca llega al bolsillo del trabajador. Se queda retenido desde el primer pago, sin que haya mejora real.
En la práctica, el trabajador trabaja más para recibir casi lo mismo. El esfuerzo adicional no se traduce en bienestar. El aumento salarial se convierte en una cifra administrativa. Una mejora en estadísticas, no en calidad de vida. Mientras tanto, el presupuesto familiar sigue ajustado. La presión económica no disminuye.
Pero el impacto no termina ahí. Tras los aumentos salariales, los precios suben rápidamente. Productos y servicios ajustan sus costos al alza. Los empresarios trasladan el aumento al consumidor. El salario sube por decreto, pero el mercado lo neutraliza.
Este proceso crea un círculo vicioso difícil de romper. Aumentos salariales generan inflación interna. La inflación anula el beneficio salarial. El trabajador queda en el mismo punto o peor. Sin embargo, hay un actor que sí sale ganando. Y ese actor es el Estado.
Con un aumento salarial general, el Estado incrementa su recaudación. Recauda más por impuesto sobre la renta. Recauda más por ITBIS debido al alza de precios. Recauda más por mayores transacciones formales. Paradójicamente, el único beneficiado directo es el fisco. El trabajador no ve ese beneficio reflejado.
Por eso es necesario replantear el enfoque del debate salarial. El problema no es únicamente aumentar sueldos. El problema es cómo se grava el trabajo formal. Una alternativa más efectiva sería reducir el impuesto a los asalariados en los tramos del 15 %, 20 % y 25 %. Eso sí tendría impacto real.
Con menos carga impositiva, el trabajador recibe más ingreso neto. Más dinero real sin presionar costos empresariales. Sin provocar aumentos automáticos de precios. El alivio sería inmediato y sostenible. No una promesa inflacionaria, sino una mejora concreta.
Ese mayor ingreso impulsa el consumo y dinamiza la economía. Los comercios venden más y generan más empleos. El Estado recauda más por consumo, no por asfixia fiscal. Se activa un efecto dominó positivo. Una economía viva recauda más que una economía ahogada. Eso es eficiencia fiscal.
El verdadero debate no es cuánto subir salarios. Es cómo lograr que el dinero rinda más. Hoy, los aumentos salariales benefician más al Estado que al trabajador. Reducir impuestos al trabajo es más justo y lógico. El desarrollo no se mide en anuncios, sino en bienestar real.
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