El autor reside en Nueva York
Durante años, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras estuvo en la oposición, no desaprovechó ocasión para acusar de corrupción a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La denuncia pública, repetida con insistencia, se apoyó más en la indignación que en sentencias firmes; más en titulares que en expedientes concluyentes. Ese contraste entre la bulla política y la prueba judicial.
Entre las acusaciones más recurrentes estuvieron los supuestos sobornos de Odebrecht —nunca probados en términos que cierren el debate público, la presunta sobrevaluación del Metro de Santo Domingo y el cuestionamiento a las plantas de Punta Catalina. Se habló de cifras astronómicas, de tramas y de responsabilidades difusas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la discusión se fue pareciendo menos a una búsqueda de verdad y más a un instrumento de desgaste político.
Lo cierto es que, mientras la Procuraduría sigue buscando evidencias que sustenten la tesis de la sobrevaluación, la ciudadanía se desplaza todos los días en un sistema de transporte público que funciona: la combinación del Metro, el Teleférico y la OMSA. Puntuales y eficientes para miles de trabajadores, estudiantes y familias. La vida cotidiana, termina siendo un tipo de auditoría social imposible de maquillar.
Con Punta Catalina ocurre algo parecido. Esas generadoras llegaron para enfrentar un mal endémico: los apagones prolongados que por décadas castigaron hogares y comercios. La central, construida por Odebrecht, ha seguido aportando energía al sistema y, por tanto, estabilidad a la economía doméstica. En un país donde el servicio eléctrico define la calidad de vida, ese resultado pesa más que cualquier consigna pronunciada desde una tarima.
Según una nota publicada en la prensa dominicana, la estatal Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina habría aportado este año 258.4 millones de dólares a las arcas públicas, consolidándose como uno de los activos estatales con mayor capacidad de generación de caja. La misma información señala que el aporte acumulado entre 2023 y 2025 asciende a 562.9 millones de dólares, canalizados mediante amortización de deuda, dividendos e impuestos.
Y no se trata solo de una obra. No hay rincón del país donde no se observe el toque brasileño: hidroeléctricas, sistemas viales, acueductos, túneles y elevados. Las obras están ahí, palpables, midiendo su valor en minutos ahorrados, agua disponible y energía servida. Lo que todavía no aparece,son las pruebas definitivas de la sobrevaluación que se prometió demostrar con estruendo.
Robar lo intangible
Sin embargo, hoy el contraste duele por otra razón. En comparación con aquellos señalamientos, los funcionarios del actual gobierno han logrado lo que, hasta ahora, parecía imposible incluso para las leyes físicas: robar lo intangible. No se trata de llevarse un edificio, una planta o una carretera; se trata de despojar a la gente de derechos, garantías y confianza. Y cuando lo robado no se ve, el daño se vuelve más silencioso y persistente.
En los anales de nuestra historia, pocos atropellos suenan tan graves como el que se denuncia respecto de SENASA: “robarse la salud de un pueblo”. Y, como si fuera poco, ya se habia intentado lo mismo desde el ministerio más importante y con mayor presupuesto del país: “robarse la educación”. Son ataques que no dejan un boquete en la pared, pero sí una grieta en el futuro. Hasta los CAID (Centros de Atención Integral para la Discapacidad) han sido arrastrados al forcejeo político. Intentaron robarle hasta la infancia a los niños con necesidades especiales
Otros muchos logros alcanzados por nuestra sociedad se han esfumado paulatinamente, pero, al ser intangibles, algunos ciudadanos no se han enterado. Desaparecieron la seguridad, la confianza, la alegría, el orgullo, la dominicanidad, siguen empujando,, con sutileza o con propaganda abierta, a diluir la dominicanidad.
Hay grupos que trabajan para convertirnos en “quisqueyanos”, como si el cambio de nombre fuera una solución inclusiva: “dominicanos”, dicen, es un grupito; “quisqueyanos” somos todos. Bajo ese discurso, la eterna némesis migratoria se pretende resolver por decreto semántico. Pero el problema no es el adjetivo; es la falta de reglas, de capacidad estatal y de respeto a la nación.
Por eso cobra vigencia una advertencia de Juan Pablo Duarte: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”. Cuando se conspira contra lo esencial, la patria enferma sin hacer ruido. Y esa enfermedad se nota incluso en detalles: en actos donde ya no se utilizan correctamente los símbolos, o en la ausencia del escudo en el centro de la bandera tricolor.
los valores familiares siguen deslizándose hacia el pantano de la perversidad y la inmoralidad. A tal punto que la procuradora Miriam Germán instruyó al Ministerio Público a dirigirse a la llamada comunidad LGBTQ+ con el sexo que sus integrantes decidan. Se acabó aquello de “hombre” y “mujer”; ahora usted puede ser, en el momento que le plazca, gay, trans o queer. ¡Vaya usted a saber!
Si seguimos normalizando el saqueo de lo intangible, un día amaneceremos con la sorpresa de que lo que desapareció no fue una partida presupuestaria, sino el país que creíamos seguro. Defender la salud, la educación, la institucionalidad y la identidad no es nostalgia: es supervivencia. Porque las naciones no se derrumban solo por lo que les quitan de concreto, sino por lo que les roban del alma.
jpm-am
Compártelo en tus redes:
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.