Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) ha fundamentado la necesidad de emitir una nueva Cédula de Identidad y Electoral en dos pilares principales: una obligación legal ineludible y, de manera más urgente, una grave vulnerabilidad tecnológica que compromete la seguridad del documento actual frente al crimen organizado y la falsificación.
Según ha explicado el organismo, el cambio no es una decisión discrecional, sino una respuesta a la realidad de que el documento vigente ha llegado al final de su vida útil y tecnológica.
La justificación más contundente presentada por la JCE es la obsolescencia de la tecnología con la que se emite la cédula desde 2014. «La actual tecnología ya no ofrece ninguna garantía de seguridad y calidad», afirmó la institución. Se detalló que los equipos y métodos que hace una década eran de vanguardia y solo accesibles a gobiernos, hoy han sido superados.
El riesgo, según la JCE, es que «falsificar el contenido de la actual cédula se logra con una inversión mínima y con equipos a disposición de cualquier persona». Esta brecha de seguridad abre la puerta a la ciberdelincuencia, las estafas, la suplantación de identidad y otros delitos que atentan directamente contra la identidad de los dominicanos, un pilar de la soberanía nacional.
Cumplimiento de la Ley y Modernización Obligatoria
A la par de la razón tecnológica, existe un claro mandato legal. La cédula actual fue diseñada con una vigencia de diez años, plazo que ya se cumplió en 2024. La Ley Orgánica del Régimen Electoral (núm. 20-23) otorga al Pleno de la JCE la facultad de modificar el formato del documento para adaptarlo a las necesidades de cada época, cubriendo así el aspecto legal de la renovación.
Para contrarrestar las debilidades del documento actual, la nueva cédula representará un salto tecnológico significativo:
Estará fabricada en policarbonato con grabado láser, un material mucho más resistente y difícil de alterar que el plástico actual.
Integrará un chip criptográfico seguro que almacenará datos personales y biométricos de forma cifrada, protegiéndolos de clonaciones o lecturas no autorizadas.
Permitirá la autenticación biométrica, vinculando el documento a las huellas dactilares y el rostro del titular, lo que garantiza que solo el dueño legítimo pueda usarla.
Una Inversión en Soberanía y Democracia
La JCE ha enmarcado este proyecto como «una inversión por la democracia y la soberanía, no un gasto». La fiabilidad del nuevo documento es considerada fundamental para fortalecer la integridad de los procesos electorales, como las primarias de 2027 y las elecciones generales de 2028.
Además, el proceso de cambio irá de la mano con una profunda depuración del Registro Civil, donde ya se han validado más de 1.5 millones de registros para asegurar que la información base de cada identidad sea correcta y confiable.
En resumen, la JCE sostiene que el cambio no es solo una actualización, sino una medida indispensable para proteger a los ciudadanos, blindar el sistema electoral y alinear a la República Dominicana con los estándares internacionales de seguridad documental que el siglo XXI exige.