Los familiares de detenidos salieron a las calles para exigir justicia y el fin del estado de emergencia en El Salvador, luego de que el presidente, Nayib Bukele, renovara el estado de excepción en el país el 27 de marzo y se hiciera público que unos 33.000 presos no figuraban en las listas de pandilleros o delincuentes de la Policía. Analizamos este escenario con Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.