El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
En la última década, la República Dominicana ha destinado cerca del 4% del PIB a la educación, cifra que representó una conquista social y política tras años de reclamos. Sin embargo, la inversión sostenida no ha logrado cerrar la brecha entre el gasto y los resultados, ni resolver de manera definitiva el problema del cupo escolar en los niveles inicial, básico y medio.
El año escolar 2025-2026 inició bajo la promesa oficial de que ningún estudiante quedaría sin espacio, con la inauguración de más de 441 aulas nuevas y la proyección de 28 centros adicionales. No obstante, en zonas críticas como el Gran Santo Domingo, padres y comunidades reportaron listas de espera de hasta 100 alumnos por centro, evidenciando que la oferta sigue rezagada respecto al crecimiento de la matrícula.
Las cifras son claras entre 2018 y 2024, la matrícula urbana pasó de 1.27 a 1.39 millones de estudiantes, un incremento superior a los 115 mil alumnos. Aunque se ampliaron planteles, centros y secciones, la velocidad del crecimiento estudiantil supera los esfuerzos de infraestructura, lo que genera presión sobre el sistema.
A esta situación se suma la Jornada Escolar Extendida (JEE), que, aunque representa un avance en equidad y alimentación, elimina la posibilidad de usar el mismo centro en horarios matutino y vespertino. Es decir, una escuela que antes podía recibir dos tandas de estudiantes ahora solo alberga un grupo extendido, reduciendo su capacidad operativa a pesar de la inversión en más horas de enseñanza.
El crecimiento de la matrícula en JEE pasó de 686 mil estudiantes en 2019 a más de 929 mil en 2024, lo que significa más de 243 mil nuevos alumnos que requieren mayor espacio y recursos físicos. Esta política, sin planificación suficiente en infraestructura paralela, ha contribuido al déficit de cupos en comunidades de rápido crecimiento poblacional.
En las aulas, el sobrecupo es cada vez más evidente. En varios centros se reporta que los grupos alcanzan hasta 40 alumnos por salón, dificultando la atención personalizada y reduciendo la calidad del aprendizaje. Esto choca con la evidencia internacional, que recomienda un máximo de 25 a 30 estudiantes por docente para garantizar procesos efectivos.
Otro factor clave es la migración interna y externa. Zonas urbanas como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago y La Altagracia reciben oleadas de familias en busca de mejores oportunidades. En algunos planteles, los estudiantes extranjeros superan el 50% de la matrícula, lo que genera presión adicional en comunidades con déficit histórico de aulas.
Desde el punto de vista político, la oposición advierte que hasta 300 mil estudiantes podrían quedar sin cupo este año, denunciando falta de planificación y transparencia en las cifras oficiales. Aunque el Gobierno ha incorporado aulas móviles y alquilado espacios privados, estas medidas se perciben como respuestas coyunturales más que como una estrategia estructural.
La paradoja dominicana es evidente, mientras los recursos financieros fluyen, los resultados de aprendizaje en pruebas internacionales como PISA muestran que menos del 10% de los estudiantes dominicanos alcanza niveles mínimos en matemáticas y solo uno de cada cuatro lo logra en lectura. La falta de aulas suficientes, combinada con sobrecupo y paros docentes, erosiona aún más el tiempo efectivo de aprendizaje.
El Horizonte 2034, plan decenal del MINERD, reconoce estos desafíos y plantea metas ambiciosas para mejorar la culminación y los aprendizajes. Sin embargo, la efectividad dependerá de atacar con urgencia el cuello de botella físico, más aulas, mejor gestión de los cupos y redistribución de la matrícula escolar con datos transparentes y mecanismos de seguimiento público.
A corto plazo, la prioridad es garantizar que cada niño y joven tenga un pupitre seguro donde aprender. A mediano, se requiere replantear la política de Jornada Extendida para equilibrar calidad y capacidad, e invertir en infraestructura inteligente que combine nuevos planteles con mantenimiento de los existentes.
A largo plazo, la República Dominicana solo logrará cerrar la brecha si vincula inversión con resultados medibles en aprendizajes, y no solo con cifras de gasto o número de aulas inauguradas.
La crisis del cupo escolar refleja la tensión entre inversión y resultados, el dinero está, pero no siempre se traduce en espacios adecuados ni aprendizajes significativos. Resolverlo implica alinear infraestructura, gestión docente y políticas de equidad.
La educación dominicana no sólo necesita más aulas, necesita aulas vivas, donde cada estudiante tenga la oportunidad real de aprender y progresar.
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