El autor es compositor y activista comunitario. Reside en San Cristóbal
Por NELSON MOREL
En un contexto regional marcado por la digitalización acelerada de los servicios públicos, la eficiencia fiscal y la facilitación del cumplimiento tributario, la República Dominicana exhibe una contradicción difícil de justificar: mientras exige cada vez más formalidad, trazabilidad y puntualidad al contribuyente, su principal órgano recaudador, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mantiene rezagos operativos que ya han sido superados por la mayoría de los países de América Latina.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de este atraso institucional es la negativa histórica de la DGII a admitir el pago de impuestos mediante tarjetas de crédito, un instrumento financiero ampliamente utilizado, regulado y aceptado en múltiples administraciones tributarias de la región.
En países como México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite pagar impuestos federales, estatales y municipales con tarjetas de crédito directamente a través de portales oficiales o bancos autorizados. Chile, aunque prioriza el débito y la transferencia, admite pagos con tarjetas mediante pasarelas financieras. Colombia ha incorporado esquemas de pago electrónico que incluyen tarjetas y líneas de crédito bancario asociadas al cumplimiento fiscal.
Estas administraciones entendieron algo esencial: facilitar el pago no debilita la recaudación, la fortalece. Cuanto más opciones formales y seguras se ofrecen al contribuyente, mayor es la probabilidad de cumplimiento voluntario, reducción de mora y disminución de la evasión.
Resulta paradójico que un Estado que promueve la bancarización, la economía digital y los pagos electrónicos rechace uno de los medios más bancarizados y fiscalizados del sistema financiero: la tarjeta de crédito.
Los argumentos tradicionales —comisiones financieras, tiempos de acreditación o complejidad operativa— han sido resueltos en otros países mediante acuerdos con adquirentes, bancos centrales y entidades financieras. No se trata de un problema técnico, sino de voluntad administrativa y visión estratégica.
La República Dominicana enfrenta una presión fiscal creciente: gasto público elevado, necesidad de financiamiento, demandas sociales acumuladas y una base tributaria limitada. En ese escenario, cada barrera al pago es una contradicción con la urgencia recaudatoria.
Aceptar tarjetas de crédito no implica debilidad fiscal ni concesión populista. Implica alinear la DGII con el siglo XXI, con las prácticas regionales y con la realidad financiera de los contribuyentes.
jpm-am
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