El autor es dirigente de Alianza País. Reside en Boston.
Por Luis Castillo
La diáspora dominicana vive una paradoja dolorosa: sostiene la economía nacional, pero carece de la protección social más básica. Como bien ha señalado Arismendi Díaz Santana, más de 350,000 dominicanos en Estados Unidos y Europa no tienen acceso ni al Medicare ni al Social Security en los países donde residen, y tampoco al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Una doble exclusión que contradice la Ley 87-01, cuyos artículos 5 y 7 reconocen a la diáspora como beneficiaria, aunque hasta hoy sean letra muerta.
Los números son contundentes: en 2015 las remesas alcanzaban los 5,329 millones de dólares; en 2024 superaron los 10,756 millones y este año podrían rebasar los 12,000 millones. Representan alrededor del 8% del PIB, más que el turismo, y 2.5 veces la inversión extranjera directa. A eso se suman las incontables cajas y tanques enviados a las familias, así como la inversión en terrenos y viviendas. Sin embargo, frente a este aporte, la diáspora paga altos costos en los servicios consulares sin recibir beneficios proporcionales.
Coincidimos con Arismendi en que esta es una deuda social impostergable. Si al inversionista extranjero se le otorgan incentivos mediante las leyes 171-07 y 16-95, ¿cómo justificar que el dominicano que envía cada mes el fruto de su trabajo quede desprotegido? La diáspora no pide privilegios, sino un trato justo.
Este debate no es solo económico, sino político. La diáspora constituye la segunda provincia electoral de la República Dominicana. No basta con discursos de campaña; se requiere participación real en los espacios de decisión, desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social hasta la definición de la política consular y fiscal.
Es hora de actuar con propuestas concretas:
* Crear un Régimen Contributivo Subsidiado que permita a los dominicanos en el exterior afiliarse voluntariamente al SDSS, con subsidio parcial del Estado.
* Revisar y transparentar las tarifas consulares, eliminando cargas excesivas.
* Reconocer a la diáspora como un actor estratégico de desarrollo, no solo como fuente de remesas.
La diáspora manda mucho más que dinero: manda votos, cultura, ideas, inversión y estabilidad social. Somos parte viva de la nación. Y ya es tiempo de que el Estado dominicano asuma ese compromiso con hechos y no solo con palabras.
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