El autor es dirigente de Alianza País. Reside en Boston.
Por Luis Castillo
El reciente anuncio del Gobierno dominicano, elevando a 5,500 dólares el monto de la llamada “gracia navideña” para los dominicanos residentes en el exterior, ha sido presentado como una muestra de reconocimiento a los aportes económicos de la diáspora. Sin embargo, esta medida, aunque celebrada por algunos, revela una visión limitada del rol que desempeñan los dominicanos en el extranjero en la estabilidad económica y social del país.
La diáspora no contribuye solo en diciembre ni a través de los regalos que transporta en una maleta. Lo hace durante todo el año mediante remesas que sostienen directamente a millones de hogares dominicanos. A diferencia de sectores que tradicionalmente se consideran “generadores de divisas”, como las zonas francas y el turismo, las remesas llegan sin intermediarios a las familias, dinamizan la economía local y representan un soporte fundamental para el consumo interno.
Pese a esto, las políticas públicas orientadas hacia la diáspora continúan siendo superficiales y enfocadas casi exclusivamente en incentivos simbólicos. La ampliación del monto de exoneración y del período de aplicación no resuelve las demandas históricas de una comunidad que aporta miles de millones de dólares anualmente y que, sin embargo, carece de mecanismos efectivos de integración económica y social en su propio país.
Por años, los dominicanos en el exterior hemos abogado por medidas de impacto real, entre ellas: tasa cero para la compra de viviendas; eliminación del 3% por transferencia inmobiliaria; exención del impuesto sobre la renta hasta 100,000 dólares anuales para quienes residen fuera del país; acceso a programas de inversión a largo plazo; y la inclusión en la seguridad social dominicana, especialmente para quienes viven en condición migratoria vulnerable. Ninguna de estas iniciativas forma parte de la agenda gubernamental.
El Estado reconoce la importancia de la diáspora para sostener la estabilidad macroeconómica, pero ese reconocimiento no se traduce en políticas que fortalezcan su vínculo estructural con la nación. La “gracia navideña”, aunque útil para algunas familias, no atiende los desafíos centrales ni representa una estrategia coherente de integración económica.
Más de dos millones de dominicanos en el exterior continúan siendo vistos como visitantes temporales o como transmisores de regalos, cuando en realidad son uno de los pilares financieros más sólidos del país. Es momento de que el Gobierno avance hacia políticas que reflejen esta realidad y que promuevan una relación más equitativa entre el Estado y su diáspora.
La comunidad dominicana en el exterior no busca privilegios. Busca respeto, igualdad de oportunidades y un reconocimiento que vaya más allá del gesto estacional de diciembre. La República Dominicana no puede aspirar a un desarrollo sostenible si sigue ignorando a uno de sus mayores activos económicos y sociales.
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