El autor es compositor y activista comunitario. Reside en San Cristóbal
En la dinámica política contemporánea, la percepción pública suele pesar tanto como los hechos. En el caso de los gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), bajo la presidencia de Luis Abinader durante dos períodos consecutivos, el balance administrativo presenta una dualidad evidente: realizaciones estructurales de alto impacto conviven con escándalos de corrupción que erosionan la confianza ciudadana.
Sería mezquino desconocer los avances. En materia de política habitacional, la construcción de miles de viviendas ha representado un alivio concreto para familias de ingresos bajos y medios, contribuyendo a reducir un déficit acumulado durante décadas. De igual modo, en infraestructura hídrica, la puesta en operación de docenas de nuevos acueductos ha ampliado el acceso al agua potable, servicio esencial para la salud pública y la productividad nacional.
El sector turístico —columna vertebral de la economía dominicana— también exhibe indicadores de crecimiento sostenido. La apertura de nuevos puertos de cruceros y la dinamización de polos emergentes como Pedernales y Miches constituyen apuestas estratégicas de diversificación territorial. Estas iniciativas no solo amplían la oferta turística, sino que redistribuyen oportunidades de empleo e inversión hacia zonas históricamente relegadas.
A ello se suman importantes obras viales que mejoran la conectividad, reducen costos logísticos y estimulan la competitividad nacional. Desde la óptica de la gestión pública, estos resultados configuran lo que podría denominarse las “luces” de la ejecutoria gubernamental: políticas con impacto social verificable y proyección de desarrollo.
Otro hito institucional digno de mención es el fortalecimiento del sistema de justicia mediante la consolidación de un Ministerio Público con mayor independencia del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades con perfil técnico y el respeto a los procesos institucionales han sido presentados como pasos hacia la autonomía funcional y la separación real de poderes. En un país con histórica percepción de interferencia política en la justicia, avanzar hacia un órgano acusador con mayor margen de actuación independiente constituye, sin duda, un cambio estructural relevante.
Obstáculo
Sin embargo, la narrativa de progreso enfrenta un obstáculo persistente: los actos de corrupción que, aun sin comprometer la totalidad del aparato estatal, generan un efecto sistémico de descrédito. La corrupción no solo implica desvío de recursos; supone la fractura del contrato moral entre gobernantes y gobernados. Cuando emergen escándalos, el debate público se desplaza del logro a la sospecha, de la obra al cuestionamiento, de la gestión a la indignación.
En términos políticos, la corrupción opera como una sombra expansiva que no distingue entre responsables directos y gestores eficientes. Su impacto es transversal: cada caso revelado debilita la narrativa oficial, reduce el capital reputacional del gobierno y alimenta la desconfianza estructural hacia las instituciones.
La ciudadanía dominicana —cada vez más informada y conectada— ya no se conforma únicamente con obras físicas; exige integridad administrativa. En la era del escrutinio digital, la legitimidad no se sostiene solo sobre cemento y acero, sino también sobre ética pública y rendición de cuentas.
La lección es clara: las realizaciones son necesarias, pero no suficientes. El desarrollo material pierde brillo cuando la ética pública se ve comprometida. Un gobierno puede inaugurar viviendas, acueductos, puertos y fortalecer la independencia del Ministerio Público; pero si no logra blindar su gestión contra la corrupción, las luces de sus avances quedarán inevitablemente opacadas por la sombra de los escándalos.
El desafío, por tanto, no es solo construir más, sino gobernar mejor. Porque, al final, la historia no solo registra lo que se hizo, sino cómo se hizo.
JPM
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