El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
En la República Dominicana, cada mes, miles de hogares viven la misma experiencia amarga: abrir la factura eléctrica de las EDEs con la gran incertidumbre y aprensión de no saber qué sorpresa traerá esta vez.
No se trata ya de simples errores humanos, ni de fallas técnicas, lo que está ocurriendo es un verdadero atraco institucionalizado, una práctica abusiva que se ha normalizado bajo la indiferencia —o complicidad— de quienes tienen la responsabilidad de regular y poner orden.
Las empresas distribuidoras han convertido la factura eléctrica en un espacio donde cabe todo lo que a ellas les conviene: cargos inexplicables, aumentos arbitrarios y cobros que ningún ciudadano entiende ni puede reclamar.
Es un verdadero abuso de poder, legitimado por la incapacidad —o la falta de voluntad— de un gobierno que no muestra el más mínimo interés en poner orden en un sector que opera como si no tuviera ningún tipo de control ni regulación.
La gente está desesperada, indefensa, no tiene a dónde acudir, no tiene opciones alternativas, no tiene un sistema confiable que la proteja. Está atrapada en un monopolio que le exige pagar sin preguntar y aceptar sin protestar.
Es un ejercicio de poder sin control, donde al usuario se le obliga a pagar lo que se le impone, sin explicación y sin derecho a cuestionarlo. ¿El resultado? Una población indefensa atrapada en una abusiva imposición que no ofrece alternativas ni vías efectivas para reclamar justicia.
La falta de supervisión, la ausencia de transparencia y la incapacidad para reformar un sistema eléctrico que hace años dejó de responder a los intereses de la gente han convertido esta situación en una política que, aunque no declarada oficialmente, resulta más que evidente: cargar sobre el pueblo el peso de la ineficiencia del sector eléctrico.
No podemos seguir aceptando que el ciudadano se someta a un sistema que no le explica, no le protege y no le respeta. Este atropello continuo es un golpe directo a la economía familiar, pero también a la confianza en las instituciones.
Y frente a esta realidad, la sociedad dominicana no puede permanecer callada. Es hora de exigir responsabilidades, de reclamar transparencia, y de poner fin a estos atropellos que vulneran la dignidad de cada hogar.
Desde el ámbito que nos competa, tenemos el deber de denunciar este modelo que sangra silenciosamente al pueblo dominicano. Debemos exigir una reforma profunda, un régimen de regulación y supervisión real y un compromiso firme con la justicia y la transparencia.
jpm-am
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