Las misiones ante la ONU de 85 Estados miembros emitieron el martes 17 de febrero una declaración conjunta en la que condenaron lo que calificaron como el creciente control de Israel sobre Cisjordania, que, según críticos, equivale a una anexión de facto del territorio palestino.
“Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia ilegal en Cisjordania”, señala el comunicado. “Tales decisiones son contrarias a las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben revertirse de inmediato”.
“Subrayamos en este sentido nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión”, afirman.
¿Qué implican las medidas de expansión israelí en Cisjordania y cómo afectan a los palestinos?
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La semana pasada, el gabinete de seguridad de Israel aprobó una serie de medidas respaldadas por ministros de extrema derecha para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990.
El domingo, el gobierno israelí también aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”, en una medida que generó nuevas condenas internacionales.
“Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este”, continúa el comunicado.
“Dichas medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contravienen el Plan Integral y ponen en peligro la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”.
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La declaración fue emitida en nombre de 85 países miembros, entre ellos Arabia Saudita, China y Rusia, así como de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica.
El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el lunes a Israel a revertir su política de registro de tierras, calificándola de “desestabilizadora” e “ilegal”.
Excluyendo Jerusalén Este, anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional.
Alrededor de tres millones de palestinos viven en el territorio, ocupado por Israel desde 1967.