Santo Domingo. El acuerdo entre la Procuraduría General y Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, ha generado un intenso debate en el país. El acuerdo, que obliga a Montilla a devolver poco más de 3,000 millones de pesos a cambio de su confesión y la promesa de testificar contra otros implicados, ha sido criticado porque la suma representa apenas el 23% de los 13,000 millones de pesos que él mismo reveló haber negociado con las empresas distribuidoras de electricidad.
La investigación del programa El Informe con Alicia Ortega, que siguió el caso desde 2020, reveló cómo las contrataciones de las empresas de Montilla se dispararon a partir de agosto de 2012, coincidiendo con la llegada de su cuñado a la presidencia. Los negocios con las Empresas de Distribución Eléctrica (EDES) pasaron de poco más de 100 millones de pesos en 2011 a más de 4,000 millones en 2018.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha defendido el acuerdo, justificándolo en el criterio de oportunidad, una figura legal que permite a los fiscales renunciar a la acción penal si el imputado colabora de manera eficaz con la investigación. El acuerdo establece que Montilla ha cooperado efectivamente en el desmantelamiento de la red de corrupción y que, además de la devolución del dinero, deberá disolver sus empresas, entre ellas Transformadores Solomón Dominicana y Electrocable Aluconsa.
Críticas y preocupación ciudadana
A pesar de la defensa del Ministerio Público, el acuerdo ha recibido un aluvión de críticas. Lady Blanco, de Participación Ciudadana, expresó la frustración de la sociedad al ver que una persona puede devolver miles de millones y quedar en libertad, sentando un precedente negativo. «El mensaje que se está mandando no es bueno. Roba todo lo que quieras, que yo te voy a quitar una pequeñísima parte», señaló Blanco.
El mismo expresidente Danilo Medina se desvinculó de su cuñado en declaraciones públicas, calificando el acuerdo como un «sacrificio de honor, dignidad e integridad», y dijo que Montilla estaría «detrás de la reja de la sociedad».
Las críticas también provienen del ámbito legal. Abogados como Clemencia Bencosme han cuestionado la legalidad del acuerdo, ya que el Código Procesal Penal establece que el criterio de oportunidad solo aplica a delitos menores con penas de prisión que no superen los dos años, mientras que a Montilla se le imputan delitos graves como lavado de activos, con penas de 10 a 20 años.
Beneficiarios del acuerdo y otras imputaciones
El acuerdo no solo beneficia a Maxi Montilla. El informe de Alicia Ortega tuvo acceso al documento y reveló que también exime de responsabilidad a terceros, incluyendo a su madre María de los Dolores Sierra, su hermano Alexander Montilla Sierra, y otras personas y empresas relacionadas.
La querella original del Estado y las EDES, depositada en 2021, imputaba a Maxi Montilla y sus empresas por estafa, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos y soborno. La lista de señalados en esa querella también incluía a altos funcionarios de la administración pasada, como Juan Alexis Medina Sánchez (ya condenado por otro caso), Rubén Bichara, Luis Ernesto de León Núñez y otros exdirectores de las EDES. La gran pregunta ahora es qué sucederá con estos funcionarios.