Este jueves, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia, debido a que la defensa del imputado Rafael Porfirio Calderón presentó un certificado médico con una licencia de siete días relacionado con un procedimiento quirúrgico ambulatorio.
La jueza indicó que con el nuevo aplazamiento queda demostrado que el retraso en el conocimiento de la audiencia preliminar, más que de tratarse de agregar un día más, «porque acogimos la petición, agregamos dos días más al calendario: lunes 8 y martes 9 de diciembre; sin embargo, en el día de hoy ha sido presentado otro certificado médico».
Asimismo, señaló que los jueces no toman vacaciones colectivas, al hacer referencia al argumento de la barra de la defensa de la imputada Nathaly Hernández, la cual alegó que en su oficina jurídica toman vacaciones colectivas a partir del 15 de diciembre.
«Nosotros estamos aquí para conocer audiencia los días hábiles de calendario, solo los días feriados no se conocerán audiencias», dijo. «Este Cuarto Juzgado de Instrucción seguirá conociendo las audiencias que teníamos programadas en el calendario para el conocimiento de este proceso. Esto es en respeto del debido proceso, el plazo razonable al que tienen derecho todas las partes y que tanto enarbolan aquí».
En cuanto a la solicitud de desglose que realizó la defensa de Nathaly Hernández, la magistrada Ramírez destacó que este pedimento es improcedente en esta etapa del proceso.
Mientras, el fiscal Arolin Lemos, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó: «reconociendo el tema de responsabilidad procesal y de que este proceso legal debe llegar a una conclusión, en el Ministerio Público, en todo momento, hemos estado pendientes de que el proceso sea conocido».
Para este jueves, por segunda ocasión, estaba pautado el inicio de la presentación de alegatos de la barra de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Calderón y Hernández son acusados en el proceso por presunta corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, a quienes se les imputa defraudar presuntamente al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos de los contribuyentes.
Según la acusación, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa a al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.