EL AUTOR es periodista. Reside en Baní
POR TOMAS ARIAS
El Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
La decisión lleva a Montilla a pagar además una indemnización de RD$600 millones a las EDE en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones. Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90. Y se le, autoriza el decomiso de una porción de terrenos valorados en RD$50,901,692.13 entre otras.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad, que es en derecho penal una facultad legal del Ministerio Público o fiscal para no ejercer la acción penal (no llevar a juicio) en ciertos casos previstos por la ley, a pesar de que haya mérito para perseguir el delito.
Esta figura, también conocida como principio de oportunidad, es una estrategia de política criminal que busca la racionalización del sistema penal, especialmente en delitos de poca trascendencia social, priorizando la reparación del daño a la víctima y la celeridad de la justicia.
El caso de Maxy Montilla deja muchas preguntas al sistema de justicia dominicano, al Estado y a la sociedad sobre qué significa la justicia cuando una persona que admite hechos de corrupción debe “devolver” al Estado quizás un 20% de lo que se le acusa haber desfalcado.
Interrogantes
Es a través de esta reflexión que me surgen varias interrogantes que deseo compartir con usted. ¿Será que solo se busca hacer quedar al ex presidente Danilo Medina y al PLD como corruptos?, ¿Será que los que están cometiendo actos de corrupción en el gobierno en la actualidad, están creando las condiciones para cuando les toque, tener el mismo trato?,
¿Será que Maxi Montilla facilitó parte del dinero que sustrajo a algunos líderes del gobierno y por eso ha recibido un trato especial?, ¿Será que los abogados que apoderó el Presidente Luis Abinader solo están recuperando parte del dinero para ellos? ¿Será que si un ciudadano cualquiera comete un delito podría tener el mismo trato?
Y así me siguen surgiendo preguntas que hasta el momento no encuentro respuestas.
De lo que yo si estoy seguro es que esa mal llamada lucha contra la corrupción administrativa en nuestro país; está normalizando esquemas, que muy lejos de ser efectivos contra los que desfalcan las arcas del Estado. Más bien les están creando formas de cómo robarse todo, devolver un poco y quedar libre, rico y sin problemas.
jpm-am
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