Leticia Merino Pérez, investigadora de la UNAM y especialista en el manejo de recursos naturales, bosques y agua, dice que históricamente los propietarios de tierras en Michoacán contrataban a grupos armados para proteger sus territorios del robo, lo que después derivó en extorsiones.
“El derecho de piso pasó a convertirse en una industria hasta más lucrativa que la marihuana. Presionaban a los dueños de huertas para que vendieran las tierras o los mataban. Se estimaba que el crimen controlaba 40% de las huertas directamente y a muchos otros les cobraba derecho de piso”, explica la especialista a Mongabay Latam.
Un caso, precisa, ocurrió en la comunidad indígena de Cherán, donde los conflictos agrarios y la tala ilegal facilitaron la explotación de los recursos naturales durante años, hasta que en 2011 la población se organizó y expulsó a talamontes, policías y partidos políticos de la localidad.
“Los grupos ligados a la tala ilegal empezaron a presionar y a corromper comunidades, como Cherán. Antes de que se reorganizara para defender el territorio, la tala ilegal era brutal, quedaba una cuarta parte del bosque original y el crimen controlaba la presidencia municipal y la autoridad agraria. Lograron echar a la tala ilegal, prohibir el aguacate y empezar programas de restauración del bosque para producción de resina”, relata Merino.
Abandono del bosque, una ventaja para los agrocultivos
Para Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y presidente de la Junta Directiva de la Iniciativa de los Recursos y los Derechos, la presencia y el control del crimen organizado de diferentes regiones forestales es uno de los grandes problemas que afectan a las comunidades campesinas e indígenas, pero advierte que se trata de uno de varios factores en el manejo de los bosques.
El activista destaca que hay una brecha de desigualdades histórica entre las políticas de apoyo hacia la agroindustria y la ausencia de medidas para el manejo sostenible de bosques.
“Es una de las causas estructurales que explica lo atractivo que puede ser el cambio de uso de suelo hacia un agronegocio cuando este tiene una buena rentabilidad, comparado con un decreciente apoyo para el manejo forestal. Puede ser aguacate, agave u otro agronegocio que genera una expectativa de mayor ganancia”, comenta Sánchez.
El dirigente agrega que la inversión pública hacia el sector forestal debe remontar. “Estamos en el punto más bajo en más de 20 años, si no logramos modificar esa parte, lo que hagamos para frenar la deforestación, la degradación, el cambio de uso de suelo, van a ser paliativos”, dice a Mongabay Latam.
