Ciudad de Panamá, 15 jun (Prensa Latina) Tras más de un mes de protestas populares contra una ley del seguro, la noroccidental provincia panameña de Bocas del Toro permanece hoy sitiada por fuerzas militares que intentan despejar vías cerradas por manifestantes.
La confrontación ha dejado al menos cuatro heridos en las últimas horas en el corregimiento de Pueblo Nuevo y se reportan dos detenidos en Alto del Valle.
Los enfrentamientos continuaron hasta la medianoche en los distritos de Chiriquí Grande y Almirante, donde moradores mantienen rodeadas las instalaciones de la Policía Nacional.
Hasta el momento, persisten los cierres en las comunidades de Cañaza, Pueblo Nuevo, Malí y Alto del Valle.
Tras el ingreso de agentes antimotines al territorio eminentemente turístico también se han reportado nuevos cierres en el puente sobre el río Changuinola, así como frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y la estación del cuartel de bomberos en el corregimiento de Empalme. La provincia de Bocas del Toro suma ya más de 40 días de protestas y cierres de vías. La víspera, el Gobierno lanzó la Operación Omega, un operativo policial estratégico ordenado directamente por el presidente José Raúl Mulino para recuperar la libre circulación en ese territorio.
Unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), respaldadas por operativos aéreos y marítimos, comenzaron a desplegarse en zonas clave como Chiriquí Grande y Almirante, epicentros de las manifestaciones.
Aunque en esta semana el Sindicato de Trabajadores del Banano(Sitraibana) levantó algunos bloqueos, particularmente en Changuinola, al conseguir la aprobación de su proyecto de ley, persistieron cierres en al menos 20 puntos, muchos de ellos controlados por grupos indígenas, docentes y otras organizaciones sociales que reclaman se derogue la norma.
Frente a este escenario, el Gobierno afirmó que la operación responde al mandato constitucional de garantizar el libre tránsito y a las reiteradas quejas de productores, transportistas, empresarios y ciudadanos que han visto paralizadas sus actividades .
En el marco del operativo, el Ministerio de Seguridad Pública impuso restricciones temporales al ingreso marítimo en Almirante y Chiriquí Grande, autorizando únicamente el paso a residentes locales debidamente identificados.
Según el Ejecutivo, estas medidas buscan evitar confrontaciones mientras las fuerzas del orden intentan despejar caminos, restablecer servicios esenciales y evitar desmanes en medio de un clima de alta tensión.
El despliegue incluyó unidades terrestres, patrullas aéreas y vigilancia marítima, en una operación sin precedentes en esta región en los últimos años.
Pocas horas después de iniciado el operativo, la presidenta del Congreso General de la Comarca NgÃñbe-Buglé, Elena Cruz, denunció en un comunicado que la ofensiva dejó personas heridas en comunidades indígenas de Chiriquí Grande.
Cruz responsabilizó directamente a Mulino y también al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por lo que calificó como un ataque aéreo y terrestre contra pueblos originarios que protestan por sus derechos.
Empresas proveedoras como compañías eléctricas y de telefonía advirtieron que no existe una fecha estimada para el restablecimiento total de los servicios, mientras continúen los cierres en la zona.
El corte de energía eléctrica, conoció Prensa Latina, ha afectado hospitales rurales, comercios y hogares. A esto se suma la interrupción de la señal de telefonía móvil e internet, lo que dificulta la vida cotidiana de miles de personas.
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