La empresa afirma que Ventura lanzó señalamientos sin pruebas que dañaron su reputación
Santo Domingo, 30 de marzo de 2026.–La empresa Petromovil salió al frente este lunes para aclarar el origen del proceso legal que mantiene contra Jefte Ventura, asegurando que no se trata de represalias por opiniones en redes sociales, sino de una “campaña sostenida de descrédito” que incluyó acusaciones de contrabando sin presentar una sola evidencia.
La compañía explicó que decidió fijar posición porque, hasta ahora, “el país solo ha escuchado una versión de los hechos”, la cual calificó como errática, manipulada y alejada de la verdad. Según la empresa, Ventura difundió señalamientos que afectaron directamente la imagen de sus ejecutivos y el trabajo de cientos de empleados.
Yuri Puello, vicepresidente ejecutivo de Petromovil, sostuvo que la empresa acudió a los mecanismos legales previstos en la legislación dominicana luego de meses de difamaciones, provocaciones y asedio al personal en varias estaciones de servicio. Afirmó que la compañía actuó amparada en su derecho a proteger su honra, reputación y actividad comercial.
En cuanto a los cuestionamientos sobre la calidad del combustible, Puello señaló que Ventura manipuló de forma maliciosa los certificados de inspección emitidos por AIVIPET S.R.L., firma autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio para la toma de muestras en todas las marcas distribuidoras del país. Dichos análisis, recordó, se realizan bajo los parámetros establecidos en la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.
Petromovil reiteró que en República Dominicana ninguna marca refina combustible por cuenta propia, ya que el 70 % del suministro proviene de importaciones gestionadas por el Estado y el 30 % de la Refinería Dominicana de Petróleo. Por tanto, todos los combustibles comercializados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por ley.
Los representantes legales de la empresa, los licenciados Emery Colomby y Gabriel Brugal, denunciaron que Ventura visitó varias de las 50 estaciones de la red para grabar videos en los que aseguraba, sin pruebas, que Petromovil vendía combustible alterado. Incluso, según explicaron, exhortaba a los consumidores a no comprar en la marca, afectando a más de 500 empleados directos y más de 2,000 indirectos.
La compañía también señaló que existen declaraciones públicas en las que el propio Ventura admite haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo, tanto en redes sociales como ante un juez. Para Petromovil, este hecho plantea dudas sobre el verdadero propósito de sus acciones.
La empresa recordó que el ordenamiento jurídico dominicano contempla sanciones por difamación, chantaje, extorsión y afectación a la reputación mediante medios digitales, citando la Constitución, el Código Penal (artículos 367, 371 y 373), la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
“Lo ocurrido no es un ejercicio responsable del periodismo ni de la comunicación, sino una serie de acciones orientadas a generar daño reputacional con fines particulares”, expresó la compañía.
Petromovil subrayó que cualquier persona o institución tiene derecho a acudir a los tribunales cuando se siente afectada moral, económica o reputacionalmente. En este caso, recordó, el tribunal competente encontró méritos suficientes para iniciar un proceso penal e imponer medidas de coerción.
Con más de 30 años en el mercado, la empresa afirmó que mantiene estándares de calidad en todos sus productos y servicios. Finalmente, llamó a la ciudadanía y a los medios a manejar la información con responsabilidad y a no reproducir campañas basadas en desinformación y ataques infundados contra organizaciones serias y generadoras de empleo.