SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó nuevos elementos para sustentar su tesis de que un ex asistente militar del entonces presidente Danilo Medina y otros uniformados ocultaron a través de “prestanombres” inmuebles, vehículos y otros bienes adquiridos con dinero proveniente de actos de corrupción.
En el juicio que se sigue a los procesados en el expediente derivado de las denominadas “operaciones Coral y Coral 5G”, los fiscales presentaron las declaraciones de siete peritos que tasaron en detalle los bienes que habrían sido adquiridos por los acusados.
Entre ellos figuran tres residencias ubicadas en el sector Colina del Oeste, construidas por los imputados mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista.
Dichas propiedades, de acuerdo con los avalúos presentados, alcanzan un valor conjunto de $3 millones 486 mil 544 dólares.
Según el Ministerio Público, investigaciones revelan que los inmuebles fueron colocados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (conocida como la Pastora), en una maniobra para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
Durante la audiencia también fue escuchada la perito encargada del avalúo de la propiedad correspondiente a la Asociación Campesina Madre Tierra, registrada a nombre de Cáceres Silvestre. Este bien agroindustrial, dijo, con modernas naves avícolas y diversos cultivos, tiene un valor estimado en US$3 millones 856 mil 046.
Para encubrir la propiedad de la asociación, Cáceres Silvestre supuestamente utilizó como fachada a terceros, incluyendo a Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuran como supuestos directivos. Martínez ya había admitido en audiencias anteriores que prestó su nombre para tales fines.
Asimismo, durante la jornada del jueves rindieron testimonio los exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quienes detallaron irregularidades durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, también acusado.
Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró como gerente financiero del CONANI al coronel Rafael Núñez de Aza, quien ya desempeñaba funciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Aunque la designación fue revocada por la Contraloría General de la República, Cuello Coste lo mantuvo como su representante ante el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El órgano acusador dice haber presentado hasta la fecha 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales que refuerzan la acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana.
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