Santo Domingo – La República Dominicana enfrenta un «doble desafío estructural» que amenaza la sostenibilidad y la cobertura de su sistema de protección social: el acelerado envejecimiento poblacional y la persistente informalidad laboral. Esta es la principal conclusión que se desprende de las reflexiones compartidas por el analista Pablo Vicente tras su participación en el reciente Seminario de Alto Nivel sobre «El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión laboral».
Dos Ejes de Preocupación, Según la CEPAL
Durante el seminario, convocado para analizar los avances y desafíos del país en materia de seguridad social, un representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que estos dos factores estructurales ponen en riesgo la capacidad del sistema para garantizar pensiones y beneficios sociales a largo plazo.
Según Vicente, el aumento de la población dominicana de 60 años o más, que actualmente supera el 13% y se proyecta que represente casi una cuarta parte para 2050 (datos de la ONE), incrementa la demanda de servicios, especialmente en pensiones, salud y cuidados de largo plazo.
Al mismo tiempo, la alta tasa de informalidad laboral, que afecta a más del 55% de los trabajadores, reduce las fuentes de financiamiento necesarias para sostener estos servicios. «El vínculo entre envejecimiento e informalidad representa un doble desafío: uno incrementa la demanda y el otro reduce el financiamiento», subraya Vicente. Esta combinación, advierte, puede comprometer la estabilidad del sistema y acentuar las brechas de desigualdad.
Un Llamamiento a la Acción y la Inclusión
Ante este panorama, el autor destaca la urgencia de reformar y modernizar el sistema de protección social dominicano. Las soluciones propuestas se centran en la necesidad de:
- Fortalecer la articulación interinstitucional del sistema para ampliar la cobertura y asegurar la sostenibilidad financiera.
- Avanzar hacia la formalización laboral e incentivar la cotización para que amplios sectores de la población accedan a pensiones y beneficios.
- Fortalecer programas dirigidos a personas mayores, incluyendo servicios de salud especializados, cuidados integrales y oportunidades de participación activa.
- Impulsar un «nuevo pacto social intergeneracional» que garantice que el progreso económico y social del país beneficie a todas las edades, orientando la protección social a la inclusión, la equidad y la dignidad humana.
Pablo Vicente concluye que la República Dominicana tiene el desafío de ver el envejecimiento no como un problema, sino como una etapa de vida con derechos y oportunidades garantizadas. Solo a través de una reforma integral se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.