SAN JUAN.- Múltiples organizaciones y grupos activistas se dieron cita hoy a las afueras de La Fortaleza en la Calle Resistencia para participar de la manifestación ‘Puerto Rico es tierra de migrantes’ en contra de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y las redadas contra inmigrantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en la Isla.
La manifestación forma parte de las movilizaciones No Kings Day que están ocurriendo en distintas partes de Estados Unidos.
La actividad fue convocada por el Frente contra las políticas migratorias de Trump para hoy a las 3:00 de la tarde, y ocurre luego de que la agente especial a cargo de la oficina de San Juan de la rama investigativa del HSI, Rebecca González Ramos, confirmara que el gobierno estatal proveyó información sobre licencias de conducir expedidas a personas que carecen de un estatus migratorio definido.
Asimismo, se ha revelado que ICE ha solicitado información a otras agencias gubernamentales locales, entre estas el Departamento de la Familia.
De acuerdo con múltiples publicaciones en las redes sociales, algunos de los grupos que estarán participando en la manifestación incluyen Amnistia Internacional Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Colectiva Feminista en Construcción y la organización sin fines de lucro Kilometro 0.
En entrevista previa con EL VOCERO, la directora ejecutiva de la organización Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, repudió la otorgación de información sobre personas con estatus migratorio indefinido en Puerto Rico de parte del gobierno estatal a las entidades federales.
“La colaboración del gobierno de Puerto Rico con ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) es una alta traición al pueblo de Puerto Rico que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro País y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad”, afirmó Narváez.
“Las redadas, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo de personas migrantes en Puerto Rico no solo se están intensificando, sino que ocurren bajo total impunidad. Estamos siendo testigos de una normalización peligrosa del racismo y la violencia de estado. Es una emergencia democrática. Se están desmantelando derechos fundamentales ante nuestros ojos y el gobierno de Puerto Rico, lejos de proteger a las comunidades más vulnerables, las expone a la violencia, a la separación de familias, al encarcelamiento sin el debido proceso”, recalcó la directora ejecutiva.
El DTOP ofreció información de las más de 6,000 licencias de conducir expedidas en la Isla a personas que, al momento de la solicitud carecían de un estatus migratorio definido. Por su parte, González Ramos indicó que el objetivo principal es comparar la información con las listas de órdenes de deportaciones finales emitidas por el gobierno estadounidense.
La agente especial indicó que siguen trabajando de la mano con el DTOP.
Otros grupos también se expresaron, invitando a las personas a participar de la manifestación.
En su cuenta de Facebook, la Federación de Maestros de Puerto Rico escribió: “¡Cero colaboración con ICE! ¡Respeto y dignidad para todas las personas migrantes! Porque ningún ser humano es ilegal. Luchamos por un país donde los derechos humanos estén por encima de los intereses políticos y represivos”.
“¡Aquí defendemos a la comunidad migrante! Llégale. Es hora de sacar la rabia y la indignación de las redes”, se expresó en el perfil de la misma red social de la Colectiva Feminista en Construcción.
Mediante una comunicación escrita de Amnistía Internacional Puerto Rico, se declaró que “el Frente exige al gobierno de Puerto Rico que cese cualquier colaboración con ICE y otras agencias de control migratorio incluyendo el compartir información y datos de las personas inmigrantes que residen en Puerto Rico. El reclamo urge a la administración de la gobernadora Jennifer González, a la Legislatura y a las agencias pertinentes a adoptar de inmediato una política pública de no colaboración con ICE, siguiendo modelos de jurisdicciones santuario en otras partes del mundo”.
De acuerdo con la información provista, algunos de los reclamos de los presentes incluyen prohibir la participación directa o indirecta de policías en operativos de inmigración, proteger la confidencialidad de información personal de inmigrantes, garantizar el acceso a todos los servicios esenciales a las personas, sin importar estatus migratorio y no criminalizar la migración.
“Esos operativos llevados a cabo a cualquier hora del día en comunidades y barrios, han desatado una verdadera crisis humanitaria, porque el terror generado ha llevado a las personas inmigrantes a no asistir a sus lugares de trabajo y hasta a los hospitales a buscar servicio”, denunció Romelinda Grullón, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana.
“En este momento tan crítico, muchas mujeres víctimas de violencia de género temen buscar ayuda, aun exponiendo su vida y las de sus hijos e hijas, por temor a ser arrestadas y deportadas, y dejar a sus hijos e hijas sin saber qué pasará con ellos y ellas. Todo esto está sucediendo con la complicidad del gobierno de Puerto Rico, y ha generado un grave impacto sobre las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. La ansiedad y la preocupación que generan las intervenciones arbitrarias y selectivas vulnerabilizan aún más a estas mujeres y ponen en riesgo sus vidas. El rol del Estado debe ser de protección y apoyo, sin embargo, queda claro que las mujeres migrantes son dispensables para el Gobierno Federal y Estatal, que con sus acciones profundizan los daños”, añadió Grullón.
Por su parte, representantes de la comunidad dominicana en la Isla y del Colegio de Abogados y Abogadas también se expresaron.
“Puerto Rico es tierra de migrantes. Es nuestro deber, como personas caribeñas y parte integral de la comunidad puertorriqueña, que salgamos a mostrar solidaridad y defender a las comunidades migrantes, exigiendo un trato justo, humano y sensible a las miles de familias afectadas por estas políticas deshumanizantes”, dijo José Rodríguez, presidente del Comité dominicano de derechos humanos en Puerto Rico.
“Tenemos el llamado histórico a resistir las políticas que permiten la persecución y encarcelamiento de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Se trata de detenciones discriminatorias y arrestos masivos sin el debido proceso de ley. Denunciamos estas violaciones de derechos y exigimos un trato digno a todas las personas sin importar su estatus migratorio”, dijo Vivian Godineaux, presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
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