EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
En un país donde la línea entre poder y delito ha sido históricamente delgada, la reaparición de Quirino Ernesto Paulino Castillo-el excapitán del Ejército y confeso narcotraficante- no es simplemente un escándalo mediático: es un recordatorio de que la sombra del narcotráfico nunca dejó realmente la escena.
Desde Baní, Quirino lanzó una bomba verbal: “fui el padre de todos los capos”, una afirmación que no solo normaliza su rol en la historia criminal reciente del país, sino que destapa la cruda realidad de una estructura de poder que, en lugar de combatir el delito, muchas veces lo ha amparado.
Pero no se detuvo ahí. Denunció que el Ministerio de Obras Públicas destruyó el acceso a su propiedad -supuestamente por órdenes de un ex abogado suyo, hoy funcionario gubernamental -en una clara acusación de abuso de poder con fines personales.
La mención directa al ex presidente Leonel Fernández como parte de esta supuesta venganza institucional eleva la tensión y coloca de nuevo al ex presidente en el centro de un huracán político que no cesa.
Y, sin embargo, el silencio oficial es ensordecedor. Ningún desmentido contundente. Ninguna respuesta institucional clara. ¿Estamos ante una nueva versión del viejo juego de impunidad? ¿Se ha normalizado tanto la relación entre política y crimen que ya no nos escandaliza?
Este episodio evidencia una verdad incómoda: el narco poder sigue teniendo voz, espacio y -aparentemente- protección. Quirino habla con una seguridad que no debería tener quien ha admitido haber financiado campañas políticas y traficado toneladas de droga. ¿Por qué se le permite hablar con tanta libertad? ¿Por qué nadie lo confronta con el peso de la ley?
Aquí no se trata solo de Quirino. Se trata del reflejo que su figura proyecta sobre nuestro sistema político: un espejo turbio, pero revelador. Y si no hay consecuencias, si todo se reduce a titulares y morbo televisivo, entonces el mensaje es claro: la impunidad todavía tiene quien la defienda.
Como ciudadano, como periodista, como dominicano, me niego a aceptar esa narrativa. Porque un país que tolera al narco poder como actor político es un país que traiciona su propio futuro.
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