Jorge E. Rizek
Ingeniero
El debate sobre los residuos sólidos en la República Dominicana suele concentrarse en los vertederos, en la cultura ciudadana o en el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, el punto de partida real del problema se encuentra en la estructura administrativa y financiera de las alcaldías.
La gestión de residuos sólidos urbanos no es únicamente una operación logística. Depende de planificación presupuestaria, estructura organizacional definida, control del gasto, mecanismos de recaudación eficientes y supervisión permanente. Cuando esos elementos fallan, la consecuencia visible es la acumulación de basura en calles, solares y cañadas.
La República Dominicana cuenta con 158 municipios y 235 distritos municipales. Estas entidades tienen responsabilidades claras en planificación urbana, permisos de construcción, regulación de uso de suelo, publicidad exterior, mantenimiento de espacios públicos y recolección de residuos. En términos prácticos operan como unidades administrativas que prestan servicios públicos y que deben sostener financieramente esa operación.
Si una alcaldía se analiza desde una perspectiva operativa, su funcionamiento se asemeja al de una empresa pública de servicios. Requiere organigrama actualizado, definición de funciones, control de nómina, planificación financiera anual y evaluación de desempeño. Sin estos instrumentos, la gestión se vuelve reactiva y vulnerable.
En un levantamiento realizado en más de cincuenta alcaldías se identificó un patrón recurrente. Estructuras organizativas desactualizadas, debilidad en los controles internos y crecimiento significativo de nóminas en períodos electorales. No se trata de un fenómeno vinculado a una organización política específica. Es una práctica estructural que impacta la sostenibilidad financiera municipal.
El caso de Boca Chica resulta ilustrativo. Es un municipio de 148.64 kilómetros cuadrados, con más de 225 mil habitantes permanentes y una población flotante que en fines de semana puede superar las 300 mil personas. Alberga infraestructura aeroportuaria, el puerto multimodal Caucedo, parques industriales, academias de béisbol y una actividad turística constante. En 2023 su aporte al producto interno bruto superó los 42.9 mil millones de pesos.
Durante un período electoral reciente, la nómina municipal pasó de 814 a 1,241 empleados. Esto representa un incremento de 427 plazas, equivalente a más de un 50 por ciento respecto a la base original. Cuando el gasto corriente crece de esa forma en un corto período, el impacto sobre la capacidad operativa es directo.
En muchos municipios, el gasto en recursos humanos puede superar el 70 por ciento del presupuesto disponible. Cuando esa proporción se consolida, el margen para mantenimiento de equipos, reposición de flota, combustible y mejoras operativas se reduce significativamente. La gestión de residuos sólidos es intensiva en costos variables. Requiere mantenimiento preventivo, reparaciones, supervisión y continuidad en el servicio. Sin previsión financiera adecuada, el servicio se interrumpe.
La interrupción en la recolección genera acumulación. La acumulación produce puntos de vertido informal. En Boca Chica se generan en promedio 135 toneladas métricas diarias de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, solo alrededor de 85 toneladas llegan al sitio autorizado de disposición final. La diferencia termina en microvertederos, cañadas o zonas costeras. En el levantamiento realizado se identificaron 93 puntos de acumulación informal activos.
Este resultado no puede atribuirse exclusivamente a comportamiento ciudadano. Existe una relación directa entre estructura administrativa, disciplina presupuestaria y calidad del servicio.
El modelo de ingresos municipales también presenta limitaciones. La Ley 166-03 establece que el diez por ciento del presupuesto nacional debe destinarse a los gobiernos locales. En la práctica, la transferencia efectiva ronda el cinco por ciento. Ante esta realidad, los municipios deben fortalecer la recaudación propia mediante cobro eficiente de servicios como recogida de residuos, permisos de construcción, uso de suelo y publicidad exterior.
En múltiples municipios la facturación por recogida de residuos es mínima. No existen sistemas automatizados de asignación de tarifas ni plataformas de pago accesibles para todos los usuarios. En algunos casos menos del dos por ciento de la población recibe facturación formal. Sin facturación sistemática no puede consolidarse una cultura de pago sostenible. Sin ingresos propios suficientes, la dependencia del gobierno central aumenta y la estructura financiera se debilita.
El componente de disposición final también requiere revisión técnica. Persisten prácticas de vertido en sitios a cielo abierto que operan bajo denominaciones formales sin cumplir plenamente criterios de ingeniería sanitaria y control ambiental. El uso del término cierre técnico no sustituye procesos verificables de remediación ni seguimiento ambiental.
Incluso en jurisdicciones con mayor capacidad operativa, como el Distrito Nacional donde se generan más de mil toneladas diarias de residuos, la tasa de cobranza del servicio se mantiene por debajo del cincuenta por ciento. Esto confirma que el desafío no es exclusivamente territorial sino estructural y financiero.
La gestión integral de residuos sólidos exige profesionalización administrativa, sostenibilidad financiera municipal y separación entre la gestión técnica y el ciclo electoral. Sin estructura organizativa formal, sin indicadores de desempeño obligatorios y sin auditorías operativas periódicas independientes, cualquier plan nacional corre el riesgo de convertirse en una declaración de intención sin continuidad.
El crecimiento económico nacional no garantiza mejora automática en la calidad de los servicios municipales. La acumulación de residuos en espacios informales es una consecuencia operativa de decisiones administrativas relacionadas con planificación, asignación presupuestaria y control institucional.
La discusión sobre residuos sólidos debe ampliarse hacia el diseño interno de las alcaldías. No se trata únicamente de invertir en más camiones o clausurar vertederos visibles. Se trata de fortalecer la arquitectura administrativa que permite prestar el servicio de manera continua y financieramente sostenible.
Sin ajustes estructurales en organización, control del gasto y mecanismos de recaudación, el problema persistirá independientemente de las inversiones puntuales que se realicen.