Estos puertos secos permitirán dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio, fortalecer el intercambio formal con Haití, que es el segundo socio comercial de la República Dominicana, y cerrar «de manera definitiva las brechas por donde hoy se filtran mercancías de manera irregular», aseguró.
IMPORTANCIA DE ESA FIGURA USADA EN OTRAS FRONTERAS
Durante su intervención, Abinader indicó que en otras naciones que comparten frontera, como México y Estados Unidos, «esta figura (puertos secos) ha demostrado ser una herramienta eficaz para concentrar el control aduanero, formalizar el comercio y transformar regiones completas en polos de desarrollo».
Esta iniciativa movilizará más de 300 millones de dólares en inversión totalmente privada, añadió el mandatario, quien precisó que se trata de «una decisión estratégica de Estado para fortalecer nuestra soberanía con desarrollo y competitividad».
Además, «es un paso firme hacia un futuro más seguro y próspero para la República Dominicana».
«No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad. La seguridad no se logra solo con vigilancia; se logra también creando empleos, organizando el comercio y generando oportunidades reales para nuestra gente», sostuvo.
HAITI APROBO CONTRATO DE VIGILANCIA EN FRONTERA
El Gobierno de Abinader inició en 2021 la construcción de un muro o verja perimetral que levanta a lo largo de la frontera con el deprimido Haití, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas.
Precisamente esta semana la Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití (CSC/CA) aprobó un contrato por valor de unos 542 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera con la República Dominicana.
El contrato fue firmado entre diferentes ministerios del país y las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, informó el diario local ‘Le Nouvelliste’.
De acuerdo con el periódico, este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la frontera, que comparte con República Dominicana, además de, optimizar los ingresos fiscales y aduaneros, y aumentar la capacidad del Estado para combatir eficazmente la delincuencia transnacional, el fraude fiscal y el contrabando.
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