Por Ligia Bonetti
En los últimos días ha cobrado fuerza en la opinión pública la propuesta de reducir la jornada laboral en la República Dominicana. El planteamiento se presenta envuelto en conceptos modernos: bienestar, equilibrio, vida-trabajo, tendencias globales, innovación. Todo suena bien. Aspiracional, inspirador, atractivo en la presentación, pero el problema es que no vivimos en un PowerPoint; seguimos siendo un país en vías de desarrollo.
Resulta, cuando menos, una dicotomía inquietante que mientras el presidente de la República habla de crecimiento económico, atracción de inversiones y consolidación productiva, se impulse paralelamente un debate para trabajar menos horas. La economía no crece mientras dormimos. Se impulsa mientras producimos. Se fortalece cuando innovamos y avanza cuando generamos valor.
Nadie está en contra del descanso. Tampoco se discute que el trabajo remoto es ya una realidad y que el bienestar del colaborador es una variable estratégica. El mundo cambió, y las empresas responsables lo entendemos. Pero una cosa es modernizar las formas de trabajo y otra muy distinta es enviar la señal de que el camino hacia el desarrollo pasa por reducir el esfuerzo productivo en un país que todavía lucha contra la informalidad, la baja productividad y brechas estructurales profundas.
Hablemos con honestidad. ¿Nuestro principal problema hoy es que trabajamos demasiado? ¿O es que producimos poco? ¿Es que tenemos exceso de competitividad o, más bien, enormes retos en costos energéticos, logística, educación técnica, burocracia y presión fiscal? Si queremos proyectarnos como las economías desarrolladas, primero debemos comportarnos como un país en desarrollo conscientes de su momento histórico.
La productividad no se decreta; se construye. Es el resultado de la disciplina, inversión, tecnología, formación técnica y reglas claras. Se construye generando confianza para que el capital se arriesgue, para que la industria se expanda y que el empleo formal crezca. No surge promoviendo debates que, más que estructurales, parecen diseñados para alimentar titulares.
Porque sí, hay algo sumamente contradictorio en plantear la reducción de la jornada en un país donde más del 50% de la fuerza laboral es informal. ¿A quién impacta realmente esta medida? A quienes ya están dentro del sistema formal. Y ¿quién absorbe el costo? El empleador formal. El mismo que paga seguridad social, impuestos, energía cara y financiamiento costoso. El mismo que sostiene buena parte del aparato productivo nacional.
En el sector industrial, particularmente, la señal es delicada. Competimos con países que apuestan agresivamente a la eficiencia, a la escala, a la automatización y a la productividad por hora trabajada. Nosotros todavía estamos cerrando brechas básicas. ¿De verdad creemos que el mensaje correcto al inversionista es “trabajaremos menos” cuando lo que necesitamos como país es “producir más y mejor”? Hay, además, un tono peligrosamente complaciente en parte del discurso público: se habla de prosperidad como si fuera un derecho automático y no el resultado de un esfuerzo sostenido; del desarrollo como un estado natural y no una conquista diaria. Y de la riqueza como si pudiera distribuirse antes de generarse.
Seamos claros: la reducción de jornada puede ser viable en economías altamente productivas, con capital humano altamente calificado y altos niveles de formalidad. Pero importar debates desconectados del contexto es una forma elegante de ligereza conceptual. Las políticas públicas no pueden diseñarse por moda ni por presión coyuntural; tienen que responder a la realidad estructural del país.
Lo verdaderamente transformador sería abrir un debate sobre cómo incrementar la productividad, reducir los costos estructurales que asfixian a los sectores productivos, mejorar la educación técnica alineada a la demanda real, simplificar trámites, combatir la informalidad e incentivar la inversión en tecnología. Ese sí es un debate urgente.
Lo otro corre el riesgo de convertirse en una discusión politiquera, desconectada de la realidad productiva. Y en un país con desafíos sociales importantes, la responsabilidad exige coherencia.
El descanso es importante. La dignidad del trabajador es incuestionable. Pero el crecimiento sostenible requiere claridad de prioridades. No podemos aspirar a los beneficios de las economías desarrolladas sin antes asumir las responsabilidades que esas economías abrazaron durante décadas.
La República Dominicana ha demostrado que puede avanzar cuando existe cohesión entre el sector público y el privado, cuando el discurso y la acción apuntan en la misma dirección. Hoy más que nunca necesitamos consistencia estratégica. Si queremos reducir la pobreza, ampliar la clase media y fortalecer nuestra industria, el enfoque no debe ser cómo trabajamos menos, sino cómo producimos más valor por cada hora invertida. Esa es la conversación seria. Todo lo demás es una distracción costosa que el país no puede darse el lujo de sostener.