EL AUTOR es agrimensor y docente universitario. Reside en Santo Domingo.
La República Dominicana necesita reorientar con urgencia su gasto público.
No se trata de reducir derechos ni servicios, sino de eliminar duplicidades.
El Estado ha crecido en oficinas, direcciones y coordinaciones paralelas.
Esa expansión administrativa no se ha traducido en mejores resultados.
En el Ministerio de Interior y Policía, la proliferación de direcciones barriales es evidente.
Viceministerios, programas y unidades comunitarias persiguen los mismos fines.
Esta fragmentación eleva el gasto operativo entre un 18 % y un 25 %.
Sobre un presupuesto cercano a RD$40,000 millones, el sobrecosto es considerable.
El Viceministerio de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables ejecuta programas comunitarios.
Estas acciones se solapan con la Dirección de Convivencia y Cultura de Paz.
Ambas realizan mediación, talleres barriales y prevención social del delito.
Dos estructuras distintas operando sobre el mismo territorio y población.
La Dirección de Participación Comunitaria reproduce funciones similares.
Coordina juntas de vecinos, liderazgos locales y enlaces territoriales.
En la práctica, tres dependencias visitan los mismos barrios.
Cada una con presupuesto, personal y discurso institucional propio.
La Dirección de Programas Sociales y Comunitarios amplía la duplicidad existente.
Desarrolla charlas, operativos y acompañamiento barrial preventivo.
No existe una autoridad única que concentre estas intervenciones.
El ciudadano percibe presencia estatal, pero no soluciones estructurales.
Las Gobernaciones Provinciales, adscritas a Interior y Policía, actúan territorialmente y deberían ser autónomas,
Canalizan demandas comunitarias y coordinan acciones locales del Ejecutivo.
Su rol se superpone con direcciones barriales y con los ayuntamientos.
La falta de jerarquía clara genera dispersión y pérdida de control.
Dentro de la Policía Nacional, la Policía Comunitaria cumple funciones sociales.
Mantiene contacto con líderes barriales y ejecuta prevención local.
Estas tareas coinciden con las direcciones civiles del Ministerio.
La duplicidad aquí es administrativa, operativa y presupuestaria.
Las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género agregan otra capa institucional.
Realizan diagnósticos, reuniones comunitarias y coordinación local.
Sus funciones coinciden con gobernaciones y direcciones comunitarias.
No existe un mando unificado ni una responsabilidad final clara.
Este patrón se repite en otros órganos del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo y el MEPyD se solapan.
Los tres coordinan políticas, planes y seguimiento institucional.
La duplicidad estratégica sustituye la eficiencia por burocracia.
En educación, el gobierno ha planteado una unificación administrativa entre MINERD y MESCyT.
No existe solapamiento funcional, pues uno gestiona educación básica y otro superior.
La duplicidad se limita a áreas administrativas como compras, RR.HH. y planificación.
El ahorro estimado, entre RD$5,000 y RD$8,000 millones, es bajo frente a Interior y Policía.
Sumadas estas duplicidades, el sobrecosto estructural del Estado es significativo.
Se estima entre un 1.5 % y un 2 % del PIB anual.
Esto equivale a entre RD$120,000 y RD$160,000 millones cada año.
Recursos suficientes para seguridad, salud o infraestructura productiva.
Reorientar el gasto público no es un eslogan, es una decisión administrativa.
Implica fusionar funciones, eliminar ventanillas repetidas y simplificar estructuras.
El ahorro real no está en recortar al ciudadano ni servicios esenciales.
Está en ordenar un Estado que hoy se duplica a sí mismo.
jpm-am
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