SANTO DOMINGO.- La exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, condenada a prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de su sentencia, alegando que su eventual ingreso a prisión comprometería irremediablemente sus derechos fundamentales y afectaría el objeto del proceso judicial aún pendiente de revisión.
En una instancia depositada este lunes, la defensa de Pilarte López interpuso una demanda en solicitud de suspensión de la Ejecución de la Sentencia SCJ-PL-25-00009 de fecha 29 de agosto de 2025, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido interpuesta de conformidad con el artículo 54 numeral 8 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Fundamentos de la solicitud
La petición invoca el artículo 539 del Código Procesal Penal, el cual permite solicitar la suspensión de la ejecución de una sentencia penal cuando su cumplimiento “pudiere provocar perjuicios irreparables” y el recurrente no hubiese agotado todos los recursos ordinarios. La defensa sostiene que el recurso de casación interpuesto aún no ha sido decidido, y por tanto la condena no está firme ni ejecutoriada.
Además, argumenta que la ejecución inmediata de la sentencia —que incluye prisión efectiva, decomiso de bienes y pérdida de su cargo público— causaría efectos irreversibles que invalidarían en la práctica el derecho al recurso previsto por el ordenamiento jurídico dominicano.
Entre los efectos irreparables citados se encuentran:
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La privación de libertad de la exdiputada, lo que atenta contra su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
-
La alteración de su patrimonio mediante el decomiso inmediato de bienes, lo que, de ser revocada la sentencia, no podría ser reparado completamente.
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El daño reputacional, político y familiar, derivado del cumplimiento prematuro de una sanción aún sujeta a revisión judicial.
Argumentos constitucionales y legales
En el escrito, la defensa de Pilarte López se ampara también en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano que reconoce el derecho a recurrir decisiones penales como un componente esencial del debido proceso.
Sostiene que ejecutar una condena no firme constituye una vulneración a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la doble instancia, la presunción de inocencia y el acceso efectivo a la justicia.
Se enfatiza que el carácter “provisional” del recurso pendiente —en este caso, un recurso de casación— justifica suspender la ejecución de la condena hasta tanto se agote dicho medio de defensa, lo que permitiría evitar un eventual “daño irreparable”.
Condición de salud y arraigo
Aunque no se expone en detalle el estado de salud de la exdiputada, la defensa argumenta que se encuentra sometida a tratamientos médicos delicados, lo que haría incompatible el cumplimiento inmediato de la pena privativa de libertad. Igualmente, indica que Pilarte posee arraigo familiar, social y territorial, lo que disminuye cualquier riesgo de fuga.
Pedido concreto al tribunal
El escrito, firmado por sus abogados, solicita expresamente:
“…que, en virtud del artículo 539 del Código Procesal Penal, se suspenda la ejecución de la Sentencia núm. SCJ-PL-25-00009 hasta tanto sea fallado el recurso de casación incoado contra la misma”.
La solicitud está dirigida al “magistrado Juez Presidente y demás jueces y juezas que integran el Tribunal Constitucional”.
Contexto del caso
La exlegisladora oficialista fue condenada por la Suprema Corte en única instancia como diputada aforada por su rol en una supuesta estructura de lavado de activos atribuida a su esposo, el imputado como narcotraficante Miguel Arturo López Florencio (“Miky López”).
La sentencia incluye, además de la pena de cinco años de prisión, la confiscación de múltiples bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período.
El caso Pilarte López representa uno de los juicios más emblemáticos de los esfuerzos institucionales recientes por combatir el lavado de activos en la política dominicana, con implicaciones directas sobre la credibilidad del Congreso Nacional y la lucha contra el crimen organizado.
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SANTO DOMINGO.- La exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, condenada a prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de su sentencia, alegando que su eventual ingreso a prisión comprometería irremediablemente sus derechos fundamentales y afectaría el objeto del proceso judicial aún pendiente de revisión.
En una instancia depositada este lunes, la defensa de Pilarte López interpuso una demanda en solicitud de suspensión de la Ejecución de la Sentencia SCJ-PL-25-00009 de fecha 29 de agosto de 2025, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido interpuesta de conformidad con el artículo 54 numeral 8 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Fundamentos de la solicitud
La petición invoca el artículo 539 del Código Procesal Penal, el cual permite solicitar la suspensión de la ejecución de una sentencia penal cuando su cumplimiento “pudiere provocar perjuicios irreparables” y el recurrente no hubiese agotado todos los recursos ordinarios. La defensa sostiene que el recurso de casación interpuesto aún no ha sido decidido, y por tanto la condena no está firme ni ejecutoriada.
Además, argumenta que la ejecución inmediata de la sentencia —que incluye prisión efectiva, decomiso de bienes y pérdida de su cargo público— causaría efectos irreversibles que invalidarían en la práctica el derecho al recurso previsto por el ordenamiento jurídico dominicano.
Entre los efectos irreparables citados se encuentran:
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La privación de libertad de la exdiputada, lo que atenta contra su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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La alteración de su patrimonio mediante el decomiso inmediato de bienes, lo que, de ser revocada la sentencia, no podría ser reparado completamente.
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El daño reputacional, político y familiar, derivado del cumplimiento prematuro de una sanción aún sujeta a revisión judicial.
Argumentos constitucionales y legales
En el escrito, la defensa de Pilarte López se ampara también en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano que reconoce el derecho a recurrir decisiones penales como un componente esencial del debido proceso.
Sostiene que ejecutar una condena no firme constituye una vulneración a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la doble instancia, la presunción de inocencia y el acceso efectivo a la justicia.
Se enfatiza que el carácter “provisional” del recurso pendiente —en este caso, un recurso de casación— justifica suspender la ejecución de la condena hasta tanto se agote dicho medio de defensa, lo que permitiría evitar un eventual “daño irreparable”.
Condición de salud y arraigo
Aunque no se expone en detalle el estado de salud de la exdiputada, la defensa argumenta que se encuentra sometida a tratamientos médicos delicados, lo que haría incompatible el cumplimiento inmediato de la pena privativa de libertad. Igualmente, indica que Pilarte posee arraigo familiar, social y territorial, lo que disminuye cualquier riesgo de fuga.
Pedido concreto al tribunal
El escrito, firmado por sus abogados, solicita expresamente:
“…que, en virtud del artículo 539 del Código Procesal Penal, se suspenda la ejecución de la Sentencia núm. SCJ-PL-25-00009 hasta tanto sea fallado el recurso de casación incoado contra la misma”.
La solicitud está dirigida al “magistrado Juez Presidente y demás jueces y juezas que integran el Tribunal Constitucional”.
Contexto del caso
La exlegisladora oficialista fue condenada por la Suprema Corte en única instancia como diputada aforada por su rol en una supuesta estructura de lavado de activos atribuida a su esposo, el imputado como narcotraficante Miguel Arturo López Florencio (“Miky López”).
La sentencia incluye, además de la pena de cinco años de prisión, la confiscación de múltiples bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período.
El caso Pilarte López representa uno de los juicios más emblemáticos de los esfuerzos institucionales recientes por combatir el lavado de activos en la política dominicana, con implicaciones directas sobre la credibilidad del Congreso Nacional y la lucha contra el crimen organizado.
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