Constitución versus decreto presidencial.
Donald Trump hace presencia este 1 de abril en el Supremo en una clara reafirmación de su decreto, con el que apunta a que la ciudadanía estadounidense por nacimiento sea parte del pasado.
¿Qué evalúa el Supremo?
Los magistrados escuchan la apelación del presidente Donald Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nuevo Hampshire, el cual anuló las restricciones a la ciudadanía, uno de los varios tribunales que las han bloqueado.
Por ende, dichas restricciones aún no han entrado en vigor en el país, mientras se resuelve la disputa judicial y su curso dependerá del fallo del Supremo.
El líder de la Casa Blanca hace presencia en la audiencia, un hecho sin precedentes para un presidente en ejercicio, mientras el tribunal analiza si su medida contradice la Constitución y más de un siglo de jurisprudencia.
El caso pone a prueba el alcance del Poder Ejecutivo en materia migratoria y podría redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense.
Además, representa una nueva prueba para la relación entre Trump y el Supremo, que recientemente anuló algunos de sus decretos, como la imposición de aranceles globales bajo poderes de emergencia.
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¿Qué señala el decreto de Donald Trump?
La orden ejecutiva firmada por el líder republicano en el primer día de su segundo mandato establece que no serán considerados ciudadanos estadounidenses:
- Las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres estén en el país de forma irregular
- Los hijos de personas con presencia legal pero temporal, como estudiantes o trabajadores con visa
- Los bebés cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes (titulares de la llamada «green card»)
La Administración Trump alega que el criterio clave es la «lealtad principal» hacia Estados Unidos, que —según su interpretación— solo existe en ciudadanos y residentes permanentes.
El Gobierno también ha argumentado que la ciudadanía automática ha incentivado la inmigración irregular y el llamado «turismo de nacimiento», mediante el cual, según sostiene, los extranjeros viajan al país para dar a luz y asegurar la ciudadanía de sus hijos.
De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute, más de 250.000 bebés al año podrían verse afectados si la medida entra en vigor.
¿Qué indica la Constitución de EE. UU. sobre la ciudadanía?
El debate gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil.
La llamada Cláusula de Ciudadanía establece:
«Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
Tradicionalmente, esta disposición se ha interpretado como garantía de ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense, con excepciones limitadas:
- Hijos de diplomáticos extranjeros
- Hijos de fuerzas de ocupación “enemigas”
La enmienda fue aprobada para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos tras la guerra civil, pero su redacción se considera más amplia.
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Wong Kim Ark: el precedente clave
Uno de los elementos centrales del caso es la decisión de 1898 en Estados Unidos contra Wong Kim Ark, donde la Corte Suprema determinó que un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos era ciudadano estadounidense.
Este fallo consolidó la interpretación moderna de la ciudadanía por nacimiento y ha sido utilizado durante más de un siglo como base legal.
Los demandantes sostienen que este precedente ya resolvió la cuestión, mientras que la Administración Trump argumenta que el caso se aplicaba a padres con residencia permanente, lo que justificaría su interpretación restrictiva.
Otros demandantes, incluidos padres y mujeres embarazadas cuyos hijos se verían afectados, sostienen que la orden ejecutiva viola la Constitución.
La abogada Cecillia Wang, directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó que la Administración intenta redefinir radicalmente el concepto de ciudadanía estadounidense.
Los opositores también argumentan que la orden afectaría no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a personas con presencia regularizada en el país, incluidos estudiantes y trabajadores con visas.
Escepticismo entre algunos jueces
Durante la audiencia, varios magistrados plantearon dudas sobre los argumentos del Gobierno.
El presidente del tribunal, John Roberts, expresó dificultades para entender cómo la Administración ampliaba excepciones históricas muy limitadas a una categoría amplia de inmigrantes indocumentados.
La jueza Amy Coney Barrett cuestionó el argumento del Gobierno sobre la «lealtad» de los padres. Señaló que muchos esclavos liberados, a quienes la 14ª Enmienda otorgó ciudadanía, podrían haber tenido vínculos con sus países de origen, lo que pondría en duda la interpretación de la administración.
El juez Clarence Thomas también planteó preguntas sobre el impacto histórico de la enmienda tras el fallo de Dred Scott contra Sandford de 1857, que negó la ciudadanía a personas negras y fue posteriormente revertido por la 14ª Enmienda.
Por su parte el procurador general D. John Sauer defendió la posición del Gobierno, argumentando que la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento es incorrecta.
Según el Ejecutivo estadounidense, la frase «sujeto a su jurisdicción» implica que los hijos de inmigrantes irregulares o temporales no cumplen ese requisito. La Administración sostiene que la Corte debería utilizar este caso para corregir lo que considera una interpretación errónea de la Constitución.
Sin embargo, ningún tribunal inferior ha aceptado hasta ahora ese argumento.
Amplio respaldo público a la ciudadanía por nacimiento
Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses respalda la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento.
Una encuesta de la Universidad Quinnipiac indicó que el 70 % de los votantes cree que la Corte Suprema debería mantener el precedente de 1898.
Otro sondeo de la Facultad de Derecho de Marquette reveló que el 72 % de los estadounidenses considera que la 14ª Enmienda se aplica a todas las personas nacidas en Estados Unidos.
La respuesta que provenga del Supremo será un fallo histórico. Y es que la decisión de la Corte podría redefinir uno de los principios fundamentales del sistema constitucional estadounidense. Si el tribunal respalda la orden de Trump, el fallo podría afectar a cientos de miles de nacimientos cada año y obligar a las familias a demostrar el estatus migratorio de los padres.
El caso representa uno de los mayores desafíos legales a la política migratoria de Trump y podría marcar un precedente duradero sobre los límites del poder presidencial y la interpretación de la Constitución estadounidense.
Con Reuters, AP y medios locales