El autor es abogado y político. Reside en Santo Domingo
La Carta de las Naciones Unidas consagra un delicado equilibrio entre el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Durante más de ocho décadas, estos principios han orientado procesos de independencia, la arquitectura del derecho internacional y la conformación de nuevos Estados. La República Dominicana como signataria de la Carta de 1945 y de diversos tratados internacionales, está obligada a velar por la preservación íntegra de su soberanía.
En ese sentido, nuestro país debe actuar con extrema prudencia frente a cualquier solicitud o acuerdo que implique el uso de nuestro espacio aéreo, marítimo o terrestre para operaciones militares de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia en el Caribe. Más aún cuando tales operaciones, disfrazadas o justificadas bajo diversos argumentos, pudieran en realidad formar parte de acciones triangulares dirigidas contra un Estado miembro del sistema de Naciones Unidas. La neutralidad estratégica de la República Dominicana constituye una ventaja comparativa y un pilar de nuestras buenas relaciones con todas las naciones.
Lo que está en juego es, en esencia, nuestra soberanía nacional: un valor por el que hemos luchado a lo largo de nuestra historia y que nos une sin distinción de credos políticos, ideológicos, económicos, religiosos o culturales. Este principio adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de operaciones de gran escala contra la vecina República Bolivariana de Venezuela, país con el que compartimos lazos históricos y humanos, y cuyas consecuencias colaterales podrían impactar a otras naciones soberanas, así como generar riesgos en nuestra propia zona marítima y en materia de derechos humanos.
América Latina conoce muy bien los efectos de intervenciones e invasiones justificadas con argumentos cambiantes pero con resultados reiteradamente lesivos. la República Dominicana, en particular, posee dolorosas experiencias al respecto: la intervención de 1916, orientada a controlar nuestras aduanas y economía, y la de 1965, supuestamente para impedir el avance del comunismo, que terminó imponiendo nuevamente tropas extranjeras en nuestro suelo.
La República Dominicana es una nación de paz. No tiene tradición agresora; por el contrario, ha sido muchas veces víctima de agresiones externas. Señor Presidente, amigo Luis Abinader: el momento exige prudencia, comedimiento y una lectura serena del convulso escenario geopolítico que atraviesan América Latina y el mundo. Desde la patria de Duarte, no debemos avalar ni permitir acciones militares contra ningún país soberano.
Conviene recordar que el artículo 80, acápite 4, de la Constitución dominicana atribuye al Senado la facultad de autorizar la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, así como el envío de tropas dominicanas al exterior, pero únicamente para misiones de paz. No para guerra, Cualquier decisión contraria a este mandato constitucional tendría un altísimo costo humano, social y político, tanto para el Gobierno como para toda la nación.
La situación de Venezuela no debe verse de manera aislada: es un eslabón dentro de una cadena mayor, vinculada a las tensiones de un nuevo orden multipolar en gestación. Los riesgos superan con creces cualquier beneficio momentáneo. Debemos proteger nuestra soberanía, porque nada ganamos involucrándonos, y sí podemos perder mucho.
Por estas razones, y considerando el deber de salvaguardar nuestra institucionalidad, solicitamos que el Tribunal Constitucional examine esta situación y se pronuncie al respecto, en mi nombre, en el del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y en representación de ciudadanos preocupados por las consecuencias futuras de decisiones apresuradas.
jpm-am
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