El 23 de febrero de 1981, cuando la democracia española aún daba pasos endebles tras la caída de la dictadura, un grupo de militares sublevados quiso imponer un golpe de Estado. El coronel Antonio Tejero, uno de los líderes de la revuelta, irrumpió en el Congreso de los Diputados, disparó tres veces, y retuvo a legisladores y miembros del gobierno, quienes se encontraban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente.
45 años después, el Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles 25 de febrero la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los archivos del caso, tras argumentar que ya no suponen un «riesgo para la seguridad y defensa del Estado».
A partir del medio día, las 153 “unidades documentales” pueden consultarse en la página oficial de la Moncloa.
La información difundida estaba en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores e incluyen, entre otras cosas, transcripciones de conversaciones grabadas, documentos de planeación del intento de golpe, informes policiales y notas judiciales.
En algunas de ellas habla Carmen Díez Pereira, la esposa del militar que lideró la revuelta, el coronel Antonio Tejero, con otras personas. En estas conversaciones, la mujer alude al militar en varias ocasiones como un «tonto, desgraciado» y reprocha que hayan abandonado a su marido «como una colilla».
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«Disparar a matar» en la cadena pública de TV
Los archivos desclasificados del intento golpista militar evidenciaron detalles sobre el plan del asalto a la sede de la Televisión Española, ejecutado el mismo 23 de febrero, después de las 20.00, casi dos horas después de la toma del hemiciclo.
Un grupo de militares de la División Acorazada Brunete ocupó la sede de RTVE para controlar la emisión televisiva, difundir los comunicados del bando golpista y evitar que la radiotelevisión pública sirviera de altavoz al Gobierno constitucional.
La presencia militar en la cadena informativa se prolongó durante la noche y los soldados se acuartelaron al interior de las instalaciones.
Un soldado movilizado para participar en la toma del medio de comunicación aseguró en una conversación transcrita haber sido instruido para «dispara a matar», en caso de que fuera necesario. «El primer tiro al aire y el segundo a dar», describe el uniformado en alusión a una orden recibida para asesinar a cualquiera que se resistiera al golpe.
Paralelamente, el Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) –antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia CNI– emitió un informe, publicado sin fecha ni firma, en el que destacó que seis miembros de esa fuerza «participaron activamente de los hechos del 23 de febrero», ya sea como conocedores del intento golpista, facilitadores de su ejecución o en el posterior encubrimiento de los hechos.
El documento detalla que un capitán facilitó «medios, emisores y vehículos» para la cuadrilla militar que asaltó al capitolio. De los seis presuntos implicados que menciona el informe, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a seis años de prisión. Otro comandante fue absuelto.
El rey se plantó contra el golpe
El relato inmediato que hizo el Palacio de la Zarzuela –oficina de la corona española– de los acontecimientos del 23-F quedó materializado en un informe del Ministerio de Defensa redactado tras el golpe y difundido este miércoles.
El documento revela que, ya de madrugada, el entonces rey, Juan Carlos I, ordenó al general Milans del Bosch, uno de los líderes de los sublevados, que retirara «todas las unidades» desplegadas.
«Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey», aseguró el ahora rey emérito, Juan Carlos I, antes de aclarar: «Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil».
La defensa del sistema democrático que hizo el monarca durante el intento golpista ya había sido reivindicada por él mismo en sus memorias, publicadas recientemente en Francia, en las que se perfila como el desarticulador del 23-F.
Los expedientes liberados por el Gobierno español también incluyen escritos de solidaridad que varias naciones enviaron a España tras sofocar la revuelta, entre ellas México, Argentina, Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Reino Unido, Alemania o China.
Muchas de ellas destacan el papel del rey para preservar la democracia, lo que evidencia que ante la comunidad internacional el monarca fue quien sofocó el golpe. Incluso, el expresidente cubano Fidel Castro envió una carta donde reconocía su «rápida y decidida participación».
Otra llamada que detalla la respuesta de la monarquía ante el intento golpista fue la realizada por el secretario general del rey, Sabino Fernández Campo, al coronel Tejero, en el momento en que el militar lideraba la ofensiva en Legislativo. El funcionario de la Casa Real exhortó al coronel a que desistiera de sus planes «inmediatamente».
Una nota castrense escrita tras el golpe fallido menciona como un error «dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero». «El Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar», se lee en la communicación.
Un año después del 23-F, un informe del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid), realizado a partir de fuentes militares y dado a conocer este miércoles, pone en evidencia contactos entre la monarquía y los militares sublevados Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch para conocer de antemano qué iban a declarar durante el juicio, con el objetivo de que la corona no saliera «lesionada del proceso».
Juan Carlos I tuvo que abdicar lustros después del intento de golpe, tras su implicación en un caso de evasión de impuestos.
Al borde de un choque diplomático con EE. UU.
La respuesta del embajador estadounidense en Madrid al intento golpista del 23-F estuvo a punto de detonar una crisis diplomática entre España y EE. UU.
Al ser abordado por la prensa el mismo 23 de febrero, Alexander Haig respondió que lo que ocurría en Madrid, donde la policía militarizada tomaba por la fuerza el control del Congreso, era «un asunto interno».
La evasión de la condena al ataque contra la democracia española fue interpretado al interior de país como una muestra de indiferencia o incluso un apoyo velado de Washington a los golpistas militares, quienes pretendían derrocar a un gobierno socialista en plena Guerra Fría.
Los documentos publicados este miércoles evidencian el esfuerzo del entonces gobierno estadounidense, mediante cartas del presidente Ronald Reagan y el propio Haig, para expresar apoyo al rey y al nuevo Gobierno español, encabezado por Leopoldo Calvo-Sotelo.
Reagan escribió el 28 de febrero a Calvo-Sotelo para mostrarle su confianza en que iba a saber llevar adelante «los retos que se enfrentan en todo el mundo» y a mantener una «relación fuerte y cooperativa» entre España y Estados Unidos.
Más de cuatro décadas después, España hurga en los documentos del pasado para reconstruir aquella revuelta militar liderada por el coronel Tejero, cuya pistola dejó tres agujeros de bala en el techo del hemiciclo que hoy todavía pueden apreciarse.
Con EFE y medios locales