Por @DanylsaVargas
Durante años, el debate sobre el nuevo Código Penal en República Dominicana estuvo atrapado entre disputas políticas, presiones sociales, intereses religiosos y confrontaciones ideológicas. Pero más allá de quién ganó o perdió esa batalla legislativa, la verdadera prueba comenzará cuando entre en vigencia en agosto.
Porque aprobar una ley y aplicarla correctamente son dos cosas muy distintas.
El nuevo Código trae figuras modernas necesarias para estos tiempos, delitos digitales, difusión de contenido íntimo, deepfakes, acoso tecnológico, nuevas modalidades de estafa, endurecimiento de algunas penas y tipificaciones adaptadas a nuestra realidad actual.
Sin embargo, la gran pregunta es, ¿Está preparado el sistema dominicano para ejecutar todo eso?
La preocupación no debería limitarse al contenido del Código, sino a la capacidad institucional para hacerlo cumplir.
Los desafíos reales que nos esperan, como es si los fiscales ya se están capacitando, jueces preparados para enfrentar delitos tecnológicos complejos, policías sin herramientas suficientes para investigaciones digitales, ciudadanos que desconocen completamente las nuevas implicaciones legales y un sistema penitenciario ya sobrecargado.
Existe además otro problema silencioso, el nuevo Código ha sido mucho más discutido políticamente que explicado socialmente.
La mayoría de la población aún desconoce que, compartir imágenes privadas podría llevar a prisión, ciertos contenidos manipulados digitalmente ahora constituyen delitos, nuevas figuras penales cambiarán la manera de usar redes sociales y muchas conductas “normalizadas” tendrán consecuencias legales.
El riesgo es evidente, un Código moderno entrando en una sociedad que todavía no ha sido educada para entenderlo.
Y conforme a lo que dicen muchos juristas, “la Ley es tácita y hay que cumplirla”, claro, pero el Código Penal no es cualquier ley, es un marco jurídico muy amplio que establece las reglas para garantizar el orden, la buena convivencia, con delitos jamás estipulados en el país.
El principio de este código, jamás debe ser primera instancia, perseguir para condenar, más bien, es prevenir y la base de toda prevención es darlo a conocer.
Y ahí aparece el verdadero fallo del Estado,
la falta de socialización masiva antes de su entrada en vigencia.
El nuevo Código Penal no será medido por lo que promete, sino por lo que realmente pueda aplicarse en las calles, tribunales y plataformas digitales del país.