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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aumento de 20% al salario mínimo de los trabajadores de la construcción dispuesto por el Comité Nacional de Salarios podría traducirse en un incremento de hasta un 6% en el precio final de las viviendas, advirtió la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI).
En un documento remitido a ALMOMENTO.NET el gremio reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración justa, pero considera necesario evaluar los efectos acumulados de esta medida sobre una industria que opera con proyectos estructurados y contratados con meses e incluso años de anticipación.
IMPACTO DE LA INFLACIÓN
Recuerda que a julio de 2026 la inflación interanual se situó en 5.47%, según el Banco Central, mientras el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas varió 2.08%, de acuerdo con la ONE. En ese contexto, el alza salarial representa una variación significativa en la estructura de costos.
APROCOVICI señala que la preocupación es mayor por el peso del sector, que aporta cerca del 20% del PIB. Tras una desaceleración el año pasado, la construcción mostraba señales de recuperación, aun con la incertidumbre internacional.
«Un incremento de esta magnitud en el costo de la mano de obra podría poner en riesgo una recuperación efectiva y sostenida, precisamente cuando la actividad enfrenta además mayores costos logísticos y nuevos riesgos sobre los combustibles por las tensiones geopolíticas», indica.
Observa que uno de los puntos críticos son los proyectos ya vendidos, ya que «una vivienda vendida a un precio determinado no puede reajustarse automáticamente cada vez que aumenta uno de sus componentes de costo».
RESALTA DESAFÍO

El desafío debe ser encontrar un equilibrio: proteger el ingreso de quienes construyen nuestras ciudades, sin encarecer hasta hacer inaccesible aquello que construimos», afirmó su presidente, Mario Bonilla.
Propuso evaluar el impacto real del alza, fortalecer la participación de los gremios especializados, establecer una mesa técnica permanente para analizar salarios, productividad y costos, y crear mecanismos de gradualidad que permitan incorporar variaciones desde la planificación.
«El objetivo debe ser compartido: mejores condiciones para los trabajadores, empresas sostenibles y viviendas al alcance de las familias», concluyó.
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