El calendario marca otoño, pero Santo Domingo sigue hirviendo: qué hacer ante la ola de calor

Ya el calendario marca otoño, pero basta caminar por Santo Domingo para comprobar que la ciudad sigue hirviendo. El calor que sentimos no es solo consecuencia de nuestra condición tropical; también es resultado de cómo hemos construido, pavimentado y planificado la capital. Durante años hemos tratado la sombra como un detalle ornamental, cuando en realidad es una herramienta de protección social, salud pública y justicia urbana.

Una ciudad que obliga a su gente a caminar bajo el sol abierto, entre aceras rotas, postes, cables, parqueos expuestos y cemento caliente, está fallando en una de sus responsabilidades más básicas: cuidar la vida cotidiana. En Santo Domingo, el calor no se queda en el termómetro. Se siente en el cuerpo, en la respiración, en el cansancio, en la productividad y en la manera en que usamos o dejamos de usar los espacios públicos.

El problema tiene nombre: islas de calor urbanas. Grandes superficies de cemento, edificios que retienen temperatura, techos calientes y calles sin cobertura vegetal absorben calor durante el día y lo devuelven en la tarde. Quien espera una guagua en una avenida sin árboles, camina al mediodía o se monta en un vehículo estacionado bajo el sol sabe perfectamente de qué estamos hablando.

Este no es un tema decorativo. Es calidad de vida. Donde no hay sombra, la ciudad se vuelve más hostil, más desigual y menos humana. Treinta y tres grados con alta humedad pueden sentirse por encima de los cuarenta. Esa realidad afecta la salud, la movilidad y la productividad urbana, especialmente en los espacios públicos donde faltan sombra, ventilación y acceso adecuado al agua.

Hablar de árboles en Santo Domingo no puede quedarse en el lenguaje bonito de la sostenibilidad. Hablar de árboles es hablar de salud pública, movilidad, presupuesto municipal bien invertido y dignidad urbana. Un árbol sano reduce la temperatura, mejora el aire, absorbe agua de lluvia, protege el suelo y hace que una calle sea más caminable. En cambio, una ciudad sin copa vegetal aumenta la demanda de energía y castiga con más fuerza a quienes menos pueden protegerse.

Por eso toca decirlo sin rodeos: la sombra no es un adorno. La sombra es infraestructura urbana básica. Así como exigimos aceras, drenaje, iluminación y seguridad, debemos exigir sombra. Una ciudad que no protege a su gente del sol todavía no ha entendido para qué sirve el espacio público. Otras ciudades han avanzado con corredores verdes, parques de bolsillo, drenajes sostenibles, pavimentos permeables y modelos de ciudad esponja. Todas parten de una misma idea: la naturaleza también es infraestructura.

En el Distrito Nacional tenemos una oportunidad, pero también una obligación política y moral. La principal norma sobre arbolado urbano, la Resolución 152-04, tiene ya dos décadas. La Ordenanza 9-2014 abordó aspectos relacionados con las podas. Es justo reconocer los esfuerzos recientes de siembra, pero desde una oposición responsable debemos decir la verdad completa: sembrar no basta si permitimos que instituciones públicas, contratistas, constructores y empresas de servicios mutilen o eliminen árboles sin consecuencias.

No podemos aplaudir jornadas de siembra mientras a pocas esquinas se cortan árboles adultos que tardaron años en ofrecer sombra. La política ambiental municipal no se mide solo por lo nuevo que se planta, sino también por lo existente que se protege. Necesitamos especies que den sombra real, resistan sequías, toleren huracanes, convivan con las aceras y no destruyan infraestructuras. Pero también necesitamos autoridad.

No puede seguir ocurriendo que una brigada llegue, corte ramas sin criterio técnico, deje troncos mutilados o arrase una arboleda completa sin que nadie responda. Las distribuidoras de electricidad deben cumplir su labor de mantenimiento, pero proteger el tendido eléctrico no puede convertirse en licencia para destruir la sombra pública. Si hay que despejar líneas, que se haga con planificación, personal capacitado, supervisión municipal y respeto por la vida del árbol.

Por eso propongo una regla clara: quien tale, corte o provoque la muerte de un árbol debe sembrar cinco, mantenerlos vivos y responder por ellos durante un período verificable. No se trata de sembrar para la foto. Se trata de una compensación real, con especies adecuadas, ubicación estratégica, supervisión municipal y sanciones para quien incumpla. Esos árboles deben estar registrados, geolocalizados y sujetos a seguimiento público.

Lo más grave es que estos daños ambientales cotidianos ocurren a plena luz del día y casi nunca aparece una autoridad que investigue, fiscalice o sancione. Vemos árboles talados para abrir parqueos, aceras convertidas en planchas de cemento, sombras eliminadas por comodidad privada y espacios públicos tratados como si fueran propiedad de cualquiera menos de la ciudadanía. Esa indiferencia también mata la ciudad.

También necesitamos un Mapa de Calor Urbano del Distrito Nacional. Cruzar datos de temperatura superficial, cobertura arbórea, densidad peatonal, paradas de transporte, escuelas, hospitales y avenidas críticas permitiría saber dónde urge sembrar, proteger, refrescar techos, crear parques de bolsillo y mejorar el espacio público. Sembrar con datos deja de ser jardinería y se convierte en defensa climática.

A esto se suma el polvo del Sahara. Cuando coincide con altas temperaturas y humedad, Santo Domingo puede convertirse en una trampa respiratoria. Así como recibimos alertas de lluvia, deberíamos recibir avisos sobre sensación térmica peligrosa y partículas PM2.5 y PM10, especialmente para proteger a niños, envejecientes y trabajadores de la calle.

Santo Domingo siempre será tropical, pero podemos decidir cuánto calor adicional nos echamos encima por construir de espaldas a la naturaleza. Desde mi condición de regidor, mi llamado es claro: actualicemos la normativa de arbolado urbano, sancionemos los daños ambientales, obliguemos a todo actor público o privado a actuar con criterio técnico y establezcamos la compensación mínima de cinco árboles por cada árbol talado o destruido.

Además, creemos un registro público del arbolado urbano, con permisos transparentes, protocolos obligatorios de poda, geolocalización, QR, seguimiento ciudadano y multas que realmente duelan.

La pregunta ya no debe ser cuántos arbolitos sembramos para la foto. La pregunta debe ser cuántos grados logramos bajarle al pavimento, cuántas calles volvemos caminables y cuántos árboles logramos salvar en los próximos años. Porque una ciudad que da sombra también da salud, seguridad y dignidad.

Por Jorge Juan Feliz Pacheco
Regidor del Distrito Nacional