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¿Recuerda usted, amigo lector, cuando los apologistas del chavismo nos decían que aquello era una «revolución del pueblo», que defendía a los pobres y protegía los derechos de los venezolanos? ¡Cuán ridículos parecen hoy esos argumentos! Porque lo que ocurrió en Venezuela no fue solo una dictadura que encarcelaba opositores: fue un régimen criminal que, una vez que te metía preso o te obligaba a huir al exilio, además te robaba la casa. Así de sencillo, así de brutal, así de impúdico.
Efectivos policiales y militares al servicio de Nicolás Maduro Moros, hoy preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y procesado por narcotráfico ante un tribunal federal de Manhattan, tomaron viviendas de personas detenidas o exiliadas sin que mediara absolutamente ninguna decisión judicial. Ningún proceso, ninguna notificación, ningún resquicio de legalidad. El uniformado del castrochavismo llegaba, ocupaba y punto. El Estado convertido en ladrón institucionalizado, en delincuente con rango y con pistola al cinto. Esto, amigo lector, se llama despojo. Se llama terrorismo de Estado.
Y qué ironía de la historia, amigo lector. Ese mismo Maduro que ordenó robarles las casas a sus presos políticos fue capturado en la madrugada del 3 de enero de 2026 por la DEA de los Estados Unidos en una operación relámpago en Caracas, y trasladado esposado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. El que encarcelaba es hoy el encarcelado. El que despojaba a otros de su libertad y de su hogar, hoy duerme en una celda en Brooklyn. La justicia, tarde o temprano, siempre llega.
Hoy gobierna Venezuela como presidenta encargada Delcy Rodríguez, la misma que fue fiel escudera de Maduro durante años y cómplice de todas sus tropelías. Rodríguez administra lo que queda del aparato castrochavista bajo la atenta mirada de Washington, que dejó muy en claro que si no cooperaba, le iría «peor» que al dictador derrocado. Trump la ha elogiado públicamente, señalando que hace un «excelente trabajo», aunque analistas advierten que sus gestos de apertura, como la liberación parcial de presos políticos, son más cosméticos que sustanciales, encaminados a comprar tiempo y legitimidad.
No nos engañemos: el despojo de propiedades no fue un error ni el exceso de algún funcionario desbocado. Fue una política deliberada, calculada y diseñada para enviar un mensaje inequívoco a todo venezolano que se atreviera a disentir: si te opones, no solo pierdes tu libertad, pierdes también tu patrimonio, tu hogar, el techo de tus hijos y el fruto del trabajo de toda tu vida. La dictadura castrochavista aprendió bien esa lección de sus mentores en La Habana, que perfeccionaron durante décadas el arte de destruir integralmente al enemigo político.
Hay una ironía histórica adicional que merece subrayarse. La Constitución venezolana de 1999, esa que Hugo Chávez Frías presentó al mundo como la carta magna de su «revolución bolivariana», garantiza en su artículo 115 el derecho a la propiedad privada y establece que solo mediante sentencia firme puede procederse a una expropiación. ¿Y qué hizo el régimen que prometió defender esa Constitución? La violó, la escupió y la trituró bajo las botas de sus esbirros. Así fue el castrochavismo: habló de derechos en sus discursos y los destruyó en la práctica.
La infamia no se limitó a quienes estuvieron detrás de las rejas. El venezolano que se vio obligado a huir para salvar su vida, dejando atrás familia, trabajo e historia, también regresó un día para encontrar su hogar ocupado por algún oficial chavista que lo convirtió en cuartel o en botín de guerra. Eso hizo del retorno una opción aún más dolorosa e inviable, y perpetuó una diáspora que ya supera los siete millones de personas dispersas por el mundo, la más grande de América Latina.
Pero hubo quienes, ante estas atrocidades, guardaron un silencio cómplice y vergonzoso. Me refiero a esos autoproclamados líderes progresistas como Lula, Petro y los eternos voceros del diálogo inútil como Rodríguez Zapatero, que durante años se negaron a llamar dictadura a lo que era una dictadura. Su complicidad con el castrochavismo no fue ignorancia: fue ideología podrida, fue militancia con el crimen. Hoy, con Maduro preso en Brooklyn, su silencio cómplice queda registrado para siempre en las páginas más vergonzosas de la historia latinoamericana.
El pueblo venezolano, ese pueblo sufrido que vio cómo el país más rico en petróleo de América Latina fue llevado a la miseria más espantosa, merece ahora justicia real y no retórica solidaria. Merece que todos los responsables de estos crímenes respondan ante los tribunales, porque despojar propiedades sin orden judicial es un crimen sin importar el uniforme que se use para cometerlo. Y merece, también, que el gobierno de Delcy Rodríguez devuelva cada una de esas casas robadas a sus legítimos dueños, sin excusas y sin demora.
Cayó el tirano. Maduro está preso en Brooklyn. Pero las casas robadas siguen ocupadas, los exiliados siguen dispersos y más de quinientos presos políticos permanecen aún sin libertad. Que se haga justicia completa. Que Venezuela, al fin, pueda respirar en plena libertad.
jpm-am
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