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El 27 de febrero de 2026, en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader anunció lo que llamó “el proyecto logístico más importante jamás concebido para la frontera”: una red de puertos secos bajo régimen de zona franca, con inversión privada superior a los US$300 millones.
La idea lucía simple: ordenar el comercio con Haití, cerrar las brechas del contrabando y convertir las provincias fronterizas en un polo de desarrollo. Pero siete meses después, en Dajabón, la palabra “puerto seco” genera más incertidumbre que aplausos.
El presidente Abinader presentó el proyecto como el complemento al muro físico que su gobierno construye desde 2021. “Ya contamos con un muro fronterizo para proteger nuestro territorio, ahora vamos a impulsar un verdadero muro económico”, dijo ante la Asamblea Nacional.
El modelo se inspira en la frontera México-Estados Unidos, donde los 52 puertos de entrada terrestres concentran el control aduanero, formalizan el comercio y mueven 242 millones de personas al año. En Dajabón, la propuesta implica crear una plataforma logística privada donde toda la mercancía que entra y sale hacia Haití pase por declaración aduanal, inspección sanitaria y almacenamiento en zona franca.
Según el gobierno, esto permitiría dinamizar las provincias fronterizas, aumentar la recaudación fiscal y dar trazabilidad a un intercambio comercial que hoy ronda los US$1,000 millones anuales, pero que se estima es 70% informal.
¿En qué consistiría el puerto seco?
Un puerto seco no es un lugar de compra y venta, sino un centro de servicios logísticos. En la práctica, funcionaría así:
Los camiones dominicanos y haitianos llegan a la plataforma, no al mercado callejero.
Aduanas, Salud y Agricultura revisan, valoran y despachan la carga en un solo punto.
La mercancía se almacena en bodegas de zona franca, se consolida y sale con factura electrónica.
Los pequeños comerciantes deberían formalizarse para operar dentro del sistema.
“Yo no soy de afuera. Yo soy de aquí, aquí crecí y aquí he construido mi vida junto a ustedes”, dijo Héctor Kildere Taveras, empresario local que ha salido a defender el proyecto. Para él, el puerto seco no compite con el mercado, sino que lo fortalece al acercar procesos que hoy se hacen en Santo Domingo.
Sin embargo, la respuesta en Dajabón de los pequeños y medianos comerciantes ha sido de resistencia. El mercado binacional, que opera dos días a la semana, sostiene a más de 3,000 comerciantes y unas 4,000 familias que viven del intercambio directo con Haití desde hace 40 años.
“Si esa mega estructura abastece la demanda, ¿a quién le vamos a vender nosotros? Desaparecemos automáticamente”, advirtió Freddy Morillo, presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Fronterizo.
El alcalde Santiago Riverón fue más directo: “Se favorecería a grandes empresarios, mientras cientos de pequeños negocios simplemente desaparecerían”. Para ellos, el puerto seco es un modelo que desplaza el esfuerzo histórico de los vendedores informales en beneficio de importadores y exportadores con capital para entrar a zona franca.
¿Quiénes ganarían?
El gobierno insiste en que la inversión será 100% privada, pero no ha publicado los nombres de los inversionistas. Hasta octubre 2025, el proyecto no aparece en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, lo que sugiere que aún no ha entrado al proceso formal de licitación.
Voces en la frontera acusan que detrás del proyecto están “grandes empresarios haitianos y dominicanos” que buscan controlar un mercado de más de US$1,000 millones. Héctor Kildere Taveras y Pascal Núñez han salido a dar la cara, pero los comerciantes dicen que ellos representan a un sector empresarial con capacidad para pagar las tasas de zona franca, algo fuera del alcance del vendedor promedio.
Del lado haitiano no hay empresarios nombrados públicamente. El único contrato binacional reciente es de US$542 millones para seguridad fronteriza con Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, pero no está vinculado directamente al puerto seco.
El nudo del conflicto es la redistribución del ingreso. Hoy, el mercado binacional reparte millones de pesos semanales entre miles de familias de Dajabón, Ouanaminthe y zonas aledañas. Es una economía circular, informal, pero de base amplia.
El puerto seco, según sus defensores, formalizaría esa riqueza, generaría empleos en logística, transporte y servicios, y abriría espacio para profesionales universitarios. “El puerto seco abre la puerta a un ecosistema económico más amplio”, afirma Pascal Núñez.
Para los opositores, formalizar implica concentrar. Al centralizar el comercio en una plataforma privada, el ingreso quedaría en manos de operadores logísticos, importadores grandes y operadores de zona franca. El pequeño y mediano comerciante, dicen, quedaría como empleado o fuera del negocio.
“No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad”, respondió Abinader. “La seguridad no se logra solo con vigilancia, se logra también creando empleos, organizando el comercio y generando oportunidades reales para nuestra gente”.
Lo que falta por verse
El proyecto sigue en fase de anuncio. No hay licitación, no hay consorcio adjudicado, no hay contrato firmado. Si entra por la vía de las Alianzas Público-Privadas, los nombres de los inversionistas saldrán en el Banco de Proyectos de la DGAPP. Si se ejecuta como inversión privada pura bajo ley de zonas francas, la información podría permanecer reservada hasta que inicien las obras.
Mientras tanto, en Dajabón el mercado sigue funcionando cada lunes y viernes. Entre los gritos de los vendedores y el ruido de los camiones, la pregunta es la misma: ¿el puerto seco traerá desarrollo para todos, o solo para unos pocos?
La respuesta definirá quién se queda con el “muro económico” que Abinader quiere levantar en la frontera
jpm-am
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