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Desde el inicio de su mandato, el Presidente Luis Abinader ha sostenido como uno de los principales logros de su gobierno la supuesta independencia del Ministerio Público.
Ese discurso ha sido repetido una y otra vez en escenarios nacionales e internacionales como prueba del fortalecimiento institucional y del respeto al Estado de derecho.
Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por el gobierno contra la decisión de ¨no ha lugar¨ dictada a favor de Gonzalo Castillo ha terminado por derrumbar esa narrativa.
Más allá de las explicaciones jurídicas que puedan ofrecerse, la oportunidad y el contexto político en que se produce esa apelación despiertan legítimos cuestionamientos.
Resulta difícil ignorar que ese hecho ocurre precisamente cuando Gonzalo Castillo comienza a recuperar protagonismo político y cuando distintos sondeos reflejan un crecimiento vertiginoso de su figura en el escenario electoral.
Si el Ministerio Público actúa con absoluta independencia, ¿por qué la apelación se presenta desde el mismo gobierno, y ésta coincide con un momento de evidente reconfiguración política? Esa coincidencia fortalece la percepción de que detrás del recurso existe algo más que un simple interés procesal.
Desde el inicio de la actual administración, numerosos sectores han cuestionado que la persecución penal haya estado concentrada casi exclusivamente en funcionarios y dirigentes vinculados al pasado gobierno encabezado por Danilo Medina, mientras otros casos han recibido un tratamiento totalmente distinto.
Esa selectividad ha alimentado la sospecha de que la justicia no siempre ha marchado al mismo ritmo para todos.
La apelación del gobierno contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo Castillo termina convirtiéndose en un símbolo de esa percepción. Lejos de fortalecer la confianza en la independencia del Ministerio Público, proyecta la imagen de una institución que, para muchos ciudadanos, continúa respondiendo a las prioridades del poder político.
En democracia, los gobiernos deben competir con resultados y propuestas, no procurando que los tribunales decidan quién puede o no convertirse en adversario electoral.
Cuando la justicia comienza a ser percibida como un escenario más de la lucha política, la credibilidad de las instituciones se deteriora, la confianza ciudadana se resiente, y se ve seriamente afectada la democracia.
El mayor daño de esta apelación no recae únicamente sobre Gonzalo Castillo. El golpe más profundo lo recibe el discurso oficial que durante años presentó al Ministerio Público como un órgano completamente desligado de cualquier influencia política. Hoy ese discurso enfrenta su mayor prueba de credibilidad.
Porque si la independencia institucional sólo existe mientras las decisiones favorecen al poder, entonces no estamos ante una verdadera independencia, sino ante una independencia condicionada por la conveniencia política.
Cuando el poder recurre, o aparenta recurrir, a los tribunales para prolongar la incertidumbre sobre el futuro político de un contendiente, inevitablemente abre espacio a las dudas sobre la imparcialidad de las instituciones.
Y cuando esas dudas se instalan en la conciencia colectiva, no pierde únicamente el dirigente político, pierde también la democracia, pierde el Estado de derecho, y peor aún, se pierde la confianza del pueblo en la justicia.
La apelación contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo Castillo, más que un acto procesal, se ha convertido en un hecho político. Para muchos, marcó el momento en que el discurso de la independencia del Ministerio Público dejó de ser una bandera del gobierno para convertirse en una promesa difícil de sostener frente a la realidad que se vive en el país.
jpm-am
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