En mi entrega pasada plantee las generalidades sobre la estructuración de un proyecto de construcción de un puerto aeroespacial en un país, como el nuestro, sin ecosistema espacial. En esta ocasión quiero abordar dos elementos estratégicos, a saber, los terrenos del proyecto y la necesidad del acuerdo de salvaguardias de tecnología.
Uno de los debates más importantes al estructurar un puerto aeroespacial deberá ser quién conserva la propiedad del suelo sobre el que se desarrolla. Desde una perspectiva de política pública, recomendaría monetizar el uso del terreno, no su dominio. La diferencia no es menor. El Estado puede obtener los mismos beneficios económicos mediante una concesión, un arrendamiento de largo plazo o un derecho de superficie, sin desprenderse del activo estratégico. No se trata de que la venta implique una pérdida de soberanía territorial, sino de que reduce el instrumento más poderoso de control económico que posee el Estado: la propiedad del suelo. En infraestructura crítica, el dominio del terreno constituye una fuente permanente de capacidad de negociación, de adaptación a las necesidades futuras y de protección del interés público.
Los puertos aeroespaciales, como los marítimos o los aeropuertos, son infraestructuras estratégicas cuya relevancia trasciende la inversión inicial. Su valor aumenta conforme se desarrolla el ecosistema que los rodea: industrias de alta tecnología, centros de investigación, telecomunicaciones, logística y servicios especializados. Es cierto que existen casos como Starbase, desarrollado por SpaceX, en el que gran parte de los terrenos son de propiedad privada. Sin embargo, ese modelo opera dentro de un entorno extraordinariamente sofisticado, respaldado por una amplia capacidad regulatoria federal y estatal. En mi opinión, en un país que apenas comienza a construir su institucionalidad espacial, resulta más prudente preservar la propiedad pública del suelo y permitir que el sector privado capture el valor económico de su uso mediante mecanismos contractuales de largo plazo.
Incluso si se optara por la venta del terreno, conviene analizar cuidadosamente sus implicaciones económicas. La venta genera un ingreso único e inmediato para el Estado, pero elimina la posibilidad de capturar un flujo permanente de valor mediante cánones, rentas o participaciones vinculadas a la explotación del proyecto, por lo que habrá que atar una y otra cosa. Además, la negociación sobre la reversión de las infraestructuras al término de la relación contractual suele volverse más compleja y costosa cuando el desarrollador es también propietario del suelo. En términos de estructuración financiera y de preservación del interés público, mantener el dominio y monetizar el uso ofrece, por regla general, una combinación más equilibrada entre atracción de inversión privada y conservación del activo estratégico más importante: el terreno sobre el cual se construirá el futuro de la economía espacial.
Más importante que el terreno es la posibilidad -casi necesidad- de suscribir un technology safeguardsagreement con Estados Unidos. Un acuerdo de salvaguardias tecnológicas (TSA, por sus siglas en inglés)‘establece las salvaguardias legales y técnicas necesarias para respaldar el lanzamiento de vehículos de lanzamiento espacial (SLV) y satélites autorizados por los Estados Unidos desde el territorio de un país socio del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR)’. En esencia, un TSA procura garantizar la gestión adecuada de tecnología estadounidense sensible. Por ende, un TSA tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades comerciales en una serie de tecnologías estadounidenses avanzadas relacionadas con el espacio, incluidos los satélites, pero generalmente Estados Unidos requiere un TSA para permitir el lanzamiento (desde otros países, como República Dominicana) de vehículos de lanzamiento espacial comerciales estadounidenses. El reto: Estados Unidos solo suscribe TSA con los países miembros del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR). República Dominicana no lo es. Y para ser miembro del MTCR se requiere consentimiento de todos miembros actuales. Convertirse en miembro del MTCR toma tiempo, pero es pieza clave para lograr un TSA y esto -a su vez- es pieza clave de la arquitectura jurídico-financiera de un proyecto de esta naturaleza.
Lo anterior quiere decir que sin TSA probablemente no se pueda lanzar vehículos espaciales que tengan tecnología estadounidense (que hoy domina el mercado), lo cual nosdeja con tecnología europea o china a mano. Por factores económicos y geopolíticos, ambas alternativas plantean sus retos. En consecuencia, cualquier estrategia nacional para desarrollar un puerto aeroespacial debería contemplar, desde sus primeras etapas, una agenda internacional orientada a facilitar el acceso a ese marco de cooperación tecnológica.
La economía espacial representa una de las mayores oportunidades de desarrollo de las próximas décadas. Los países que esperen a tener un marco jurídico perfecto probablemente llegarán tarde. Los que sean capaces de estructurar correctamente sus primeros proyectos crearán, al mismo tiempo, la infraestructura, la experiencia y las instituciones que esa nueva economía demanda. No obstante, los aspectos mencionados en esta entrega son clave tanto para la rentabilidad soberana del Estado como para rentabilidad del promotor privado.