Santo Domingo, RD.- Mientras este país continúa sumido en el caos institucional y en una crisis de seguridad, situación caracterizada por más de 4 mil fallecidos y más de un millón de ciudadanos desplazados debido a la violencia, es más que evidente que no existe un ambiente adecuado para celebrar elecciones presidenciales. Estas elecciones han sido uno de los puntos estratégicos para restaurar el orden democrático y encaminar al país hacia la paz.
Entre las Naciones Unidas y el liderazgo haitiano, se había establecido la estrategia de organizar un proceso electoral en noviembre que permitiera la juramentación de un nuevo presidente en febrero de 2026.
Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021, Haití ha navegado en medio del desorden institucional y bajo el dominio de más de 200 bandas armadas, las cuales, según las Naciones Unidas, controlan hasta el 90 por ciento de los sectores de la capital haitiana.
En junio se cumplió el primer año de la operación de la misión de paz liderada por Kenia, con el apoyo de efectivos de Belice, Bahamas, Jamaica y El Salvador. Sin embargo, no se han registrado resultados positivos en el balance esperado, cuyo objetivo principal era erradicar a las pandillas armadas.
Entre las causas del trabajo poco efectivo de esa misión de paz, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se alega el bajo financiamiento y la falta de apoyo logístico, así como una comunidad internacional renuente a jugar un rol más activo en la lucha contra las bandas y en los preparativos para crear un ambiente que permita la celebración de las elecciones previstas para noviembre.
Todo lo contrario: Haití se sumerge en el desorden hasta convertirse en un Estado fallido, lo que genera el temor en el Gobierno de la República Dominicana de que ese descalabro institucional pueda representar una amenaza latente para su soberanía y para toda la región, debido a una masiva migración de haitianos desesperados por la inseguridad alimentaria y el miedo a las bandas armadas.
Los haitianos huyen diariamente de sus hogares en Puerto Príncipe debido a las amenazas de los grupos armados, que recurren al secuestro, el abuso sexual y los asesinatos para imponer sus reglas. Esto ocurre ante la incapacidad de las autoridades de articular un plan de defensa y protección, especialmente en Puerto Príncipe, que es el centro de operaciones de estos grupos.
Por el momento, es evidente que el ambiente de violencia e inseguridad es completamente desfavorable para llevar a cabo un proceso electoral.
El Consejo Presidencial de Transición, que ahora tiene las riendas del país, fue activado hasta el 7 de febrero mediante un acuerdo entre el liderazgo haitiano, Estados Unidos y las Naciones Unidas.
Sin embargo, hay mucha incertidumbre en el panorama político, social y económico de Haití, con una violencia en aumento y más de 5.4 millones de haitianos que sufren de inseguridad alimentaria.
Otra perspectiva la presenta el ministro delegado ante el primer ministro, encargado de los asuntos electorales y constitucionales, Joseph André Gracien Jean.
«Hasta el momento, vamos según lo previsto. Aún no podemos proporcionar fechas para la organización del referéndum ni de las elecciones. Hay condiciones que deben cumplirse y, una vez cumplidas, podremos avanzar», declaró.