Modernizar la institución sin disminuir la dignidad de quienes la sirven
Por Dr. Rafael Guerrero Peralta
La República Dominicana vuelve a encontrarse ante una oportunidad importante para avanzar en la transformación de su Policía Nacional. El proyecto de Ley Orgánica que actualmente conoce la Cámara de Diputados contiene propuestas necesarias para adecuar la institución a las exigencias de nuestro tiempo: profesionalización, formación permanente, evaluación, tecnología, transparencia, bienestar, salud mental, disciplina, planificación y una concepción más moderna del servicio policial.
Es un esfuerzo que merece ser valorado.
Pero toda reforma institucional plantea una pregunta que a veces queda desplazada por las estructuras, los organigramas y las nuevas regulaciones: qué ocurrirá con el hombre y la mujer que deberán hacerla funcionar.
Durante años hemos hablado de la Policía que necesita la sociedad dominicana. Es correcto hacerlo. Necesitamos una Policía profesional, cercana a la ciudadanía, respetuosa de los derechos humanos, preparada tecnológicamente, sometida a controles efectivos, capaz de prevenir el delito, investigar con rigor y actuar dentro del Estado de Derecho.
Pero quizás debamos formular también la pregunta inversa: qué institución necesita y merece el policía dominicano.
La reforma no puede construirse exclusivamente desde las expectativas que el Estado y la sociedad depositan sobre sus miembros. También debe considerar las responsabilidades que el Estado asume frente a quienes han escogido una profesión caracterizada por disciplina, disponibilidad permanente, riesgos personales, limitaciones particulares y una vida familiar inevitablemente condicionada por el servicio.
Profesionalizar significa exigir preparación. Evaluar significa comprobar capacidades. Disciplinar significa garantizar que quien posee autoridad pública la ejerza conforme a la ley. Nada de esto debe ser debilitado.
Por el contrario, debe fortalecerse.
Pero cuanto más exigimos al policía, mayor legitimidad adquiere su derecho a exigir también una carrera estable, remuneración digna, reglas claras para ascender, descanso adecuado, seguridad social, protección frente a la discapacidad y un retiro compatible con los años entregados al servicio.
No existe contradicción entre ambas aspiraciones.
Una Policía mejor protegida no es una Policía menos disciplinada. Puede ser precisamente una institución en mejores condiciones para exigir integridad, profesionalidad y excelencia.
El proyecto actualmente en discusión contiene avances que deben conservarse. La formación continua, las nuevas herramientas de evaluación, la atención a la salud mental, la regulación del bienestar, una organización más moderna del servicio y el fortalecimiento del debido proceso disciplinario representan pasos importantes.
Pero existen materias que merecen una reflexión adicional antes de convertir el proyecto en ley.
Una de ellas es el régimen de pensiones.
La sostenibilidad financiera de cualquier sistema previsional constituye una responsabilidad del Estado. Ningún régimen puede diseñarse ignorando su viabilidad futura. Sin embargo, la sostenibilidad tampoco debería obtenerse trasladando una carga desproporcionada sobre quien ha dedicado veinticinco o treinta años de su vida a una carrera particularmente exigente.
El retiro policial no puede analizarse exactamente igual que la jubilación ordinaria de cualquier servidor.
La naturaleza del servicio es diferente.
También deben observarse cuidadosamente las sanciones disciplinarias que afectan directamente el salario. La disciplina institucional debe ser firme, y frente a conductas incompatibles con la condición policial la ley debe disponer consecuencias igualmente firmes. Pero cuando una sanción priva durante períodos prolongados al miembro de sus ingresos, sus consecuencias no terminan en él.
Llegan a su hogar.
A la alimentación.
A la educación de sus hijos.
A la vivienda.
A la salud.
A las obligaciones económicas de una familia que no cometió la falta.
El Derecho disciplinario moderno dispone de suficientes instrumentos para sancionar proporcionalmente sin convertir indirectamente a la familia en destinataria del castigo.
Especial consideración merece también el policía que resulta discapacitado en el servicio y la familia de quien pierde la vida cumpliendo con su deber.
Cuando un Estado entrega a una persona autoridad, uniforme y armas para proteger a los demás y le exige exponerse incluso al riesgo de perder su propia vida, surge una responsabilidad recíproca que no puede terminar en una fórmula administrativa.
La familia del policía caído debe saber que el Estado al que sirvió no la abandonará.
Y quien resulte discapacitado debe encontrar primero una institución dispuesta a aprovechar las capacidades que conserva antes que una puerta de salida. Si la continuidad laboral resulta imposible, entonces la protección económica debe corresponder a la magnitud del sacrificio realizado.
La estabilidad profesional constituye otro aspecto esencial.
Evaluar al policía es indispensable. Mantenerlo permanentemente inseguro sobre su permanencia no lo es.
Los cursos, certificaciones y evaluaciones deben servir primero para identificar deficiencias, capacitar, corregir y mejorar. La separación debe reservarse para aquellos casos en los cuales, agotadas las oportunidades razonables y respetado el debido proceso, quede demostrada la imposibilidad de continuar en la carrera.
La reforma policial tampoco comienza de cero.
La República Dominicana ha recorrido distintas etapas legislativas e institucionales y cada una dejó experiencias, aciertos y errores. La Ley 96-04, independientemente de las modificaciones que posteriormente experimentó, incorporó principios de estabilidad, profesionalización, carrera, promoción humana, protección social y relación con la comunidad que conservaron valor más allá de aquella legislación.
La nueva ley no tiene que reproducirla.
Tiene que superarla.
Pero superar una legislación anterior significa construir algo mejor, no abandonar aquello que funcionaba simplemente porque pertenece a una etapa precedente.
Ese debería ser el espíritu con que la Cámara de Diputados examine el proyecto.
No se trata de enfrentar una ley con otra, ni el pasado con el presente, ni de resistirse a una reforma necesaria.
Se trata de aprovechar la experiencia acumulada para producir una legislación capaz de perdurar.
Modernizar sin disminuir derechos.
Profesionalizar sin precarizar la carrera.
Disciplinar sin castigar a la familia.
Evaluar sin generar incertidumbre permanente.
Garantizar sostenibilidad sin desconocer décadas de servicio.
Y exigir excelencia mientras el Estado cumple también sus obligaciones con quienes la hacen posible.
La sociedad dominicana tiene derecho a exigir una mejor Policía.
Sus policías tienen igualmente derecho a esperar una mejor institución.
Si conseguimos armonizar ambas aspiraciones, habremos avanzado mucho más allá de una reforma legislativa.
Habremos comenzado a construir una verdadera reforma institucional.
Dr. Rafael Guerrero Peralta