Carlos Manzano
Según se ha podido ver en el transcurrir del tiempo, este gobierno pretende sustentar su gestión en la firma de “Pactos Nacionales” con los diversos sectores que componen la sociedad, a los fines de procurar la solución a problemas que nos han venido aquejando por décadas y que se han acrecentado en los últimos años.
Así vemos cómo recientemente el Presidente de la República, Lic. Luis Abinader, hace un llamado, por tercera ocasión, a la clase política dominicana, a la firma de un Pacto Nacional en procura de darle solución a la grave crisis migratoria que ha provocado en el país la masiva presencia de extranjeros ilegales, sobre todo haitianos, en nuestro territorio.
Ya en el año 2021 se había firmado un Pacto sobre la misma temática, entre los diversos sectores de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, auspiciado por el gobierno, y bajo la coordinación del Consejo Económico y Social.
Sin embargo, a pesar de la firma de ese pacto, podemos ver que los problemas que dieron lugar a la firma del mismo aún persisten, o se han recrudecido.
La presión migratoria que se ha venido dando en nuestro país durante los últimos años está erosionando ya los servicios públicos, y a la vez, generando motivos de inseguridad para los dominicanos, por lo que se torna necesario ya establecer mayores restricciones para la llegada de más indocumentados.
La migración irregular haitiana casi desborda los servicios educativos, los hospitales y el ambiente de seguridad pública.
Los pactos nunca dejarán de ser deseables, es la verdad, pero ellos por sí solos no resuelven ningún problema. Son las políticas públicas correctas y oportunas las que resuelven, no los pactos por sí solos.
Un buen pacto que dé lugar a una mala política pública incrementa los problemas. En cambio, aún con la ausencia de pacto, o con la firma de un mal pacto que genere una buena política pública, se pueden resolver los problemas que se procura afrontar.
Fracaso
Sin ánimos de ser pesimista, pero hay que reconocer que en nuestro país han fracasado casi todos los intentos que se han hecho con el propósito de lograr una gran concertación para el desarrollo de una estrategia efectiva que procure enfrentar los problemas generados por la invasión pacífica de los haitianos.
Los empresarios no ceden en su posición, los obreros mayormente procuran únicamente reivindicaciones particulares o colectivas para su sector, y los políticos tratan de acaparar cada espacio milimétrico para sacar provecho político.
Para poder abordar esa problemática con relativo éxito, los dominicanos necesitamos de un gran acuerdo nacional, eso sí, que el mismo de lugar al diseño y formulación de políticas públicas que involucre a los diversos actores, incluyendo el gobierno, los empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, partidos políticos, fuerzas armadas y policía, y la sociedad civil en sentido general.
Las políticas públicas que surjan de ese Acuerdo Nacional deberán ser siempre reales, efectivas, tangibles, pero, sobre todo, deben ser periódicamente verificables y medibles.
Debe quedar claro algo, que no hay manera de reducir la masiva permanencia de inmigrantes irregulares en nuestro país únicamente con el mecanismo de las deportaciones.
La política de deportación de ilegales podría ser legítima en sí misma, como mandato de ley y por disposición constitucional, pero no puede pensarse como una panacea eficaz para erradicar el problema migratorio que nos azota en la actualidad. Las deportaciones coyunturales, se han usado sólo con fines políticos y propagandísticos, nada más.
Una moderna y eficaz política de regulación y control migratorio debe asumir un carácter permanente más allá de toda medida contingente y coyuntural de regularización y control.
No hay dudas de que, a través de políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas, es posible reducir al máximo los problemas que surgen en nuestro país con la presencia masiva de extranjeros irregulares, sobre todo, en el ámbito laboral, económico, salud y educación.
La ausencia de políticas públicas efectivas y coherentes se traduce en el hecho de que los ciudadanos empoderados deciden jugar sus cartas al máximo, pues se percatan de las debilidades e inoperancia del gobierno que no sustenta su accionar en políticas públicas.
Se hace inminente impulsar programas de capacitación constante y de calidad en el proceso de formulación de políticas públicas efectivas encaminadas al control migratorio en nuestro país.
El gobierno debe evitar que la sociedad civil tome su lugar y que las decisiones luego sean el resultado de intereses particulares o sectoriales, y, por tanto, privadas de criterios políticos-sociales.
Los expertos no lo saben todo y el saber político se adquiere por experiencia y conocimiento. Mientras tanto, los problemas se agravan hasta que estallan, con el alto riesgo de que luego no exista retorno.
jpm-am
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