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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, llamó recientemente a las instituciones públicas, empresas y ciudadanos a ahorrar electricidad ante las altas temperaturas y el crecimiento de la demanda. Al mismo tiempo, asegura que el sistema eléctrico nacional tiene capacidad para responder.
La recomendación de utilizar racionalmente la energía es correcta. Ningún país debe fomentar el desperdicio. Pero cuando se pide reducir el consumo debido a la presión sobre un sistema que supuestamente posee capacidad suficiente, surge una pregunta inevitable: ¿qué está fallando?
República Dominicana es un país tropical. Que durante junio, julio y agosto aumente considerablemente el uso de acondicionadores de aire y ventiladores no constituye un acontecimiento extraordinario. Precisamente para enfrentar los períodos de mayor consumo debe estar preparado un sistema eléctrico moderno.
Aquí aparece una diferencia fundamental que las autoridades deberían explicar claramente: capacidad instalada no significa capacidad disponible, y capacidad disponible tampoco significa electricidad efectivamente entregada al consumidor.
Una planta puede figurar con cientos de megavatios instalados y encontrarse parcial o totalmente indisponible por mantenimiento, averías u otras limitaciones. Además, la electricidad debe atravesar líneas de transmisión, subestaciones, transformadores y redes de distribución antes de llegar al consumidor.
Por eso resulta insuficiente anunciar miles de megavatios instalados. El ciudadano no consume capacidad instalada: consume electricidad. Y la necesita precisamente cuando las temperaturas alcanzan sus niveles más elevados.
Lo que preocupa…
Lo preocupante es que esta discusión tiene más de seis décadas. Investigaciones sobre la historia de la Corporación Dominicana de Electricidad sitúan alrededor de 1964 la aparición evidente de fallas del sistema manifestadas mediante apagones, que posteriormente fueron agravándose.
Quienes vivimos aquella época podemos confirmarlo. Antes de graduarme de bachiller en 1970, siendo dirigente estudiantil en Santiago de los Caballeros, tuve que estudiar materias y escribir discursos a oscuras debido a los apagones.
Eran los convulsos años sesenta. Habíamos vivido la caída de Trujillo, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado de 1963, la Revolución de Abril de 1965 y la intervención militar estadounidense. En 1966 comenzaban los gobiernos de Joaquín Balaguer.
Y ya teníamos apagones
Desde entonces gobernaron diferentes partidos y presidentes. Cambiaron la economía, la tecnología y la estructura institucional del sector. Desapareció la vieja CDE; llegaron nuevas empresas generadoras y distribuidoras, Punta Catalina, el gas natural y numerosos proyectos solares y eólicos.
Se han invertido miles de millones de dólares. Sin embargo, aquel viejo enemigo que conocimos durante nuestra juventud ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia: el apagón.
Por eso las declaraciones actuales merecen una explicación más profunda. Si efectivamente tenemos capacidad suficiente para satisfacer la demanda, corresponde identificar dónde se encuentra el cuello de botella.
¿Está en generación? ¿En disponibilidad? ¿En transmisión? ¿En subestaciones y transformadores? ¿En distribución? ¿En las pérdidas técnicas y comerciales? ¿En falta de inversiones? ¿En deficiencias administrativas? ¿O en una combinación de todos esos factores?
Promover el ahorro energético es razonable. Lo que no sería razonable es convertir la reducción del consumo ciudadano en mecanismo permanente para compensar las insuficiencias del sistema.
Una familia que enciende un acondicionador de aire durante una sofocante noche de agosto no está incurriendo necesariamente en un lujo ni provocando una crisis. Está utilizando un servicio por el cual paga y que el sistema debería estar preparado para suministrar.
Durante décadas, además, los dominicanos hemos tenido que crear nuestro propio sistema eléctrico defensivo: primero velas y lámparas; después plantas eléctricas, inversores, baterías y, más recientemente, paneles solares.
Sería injusto responsabilizar al actual gobierno por una crisis nacida hace más de sesenta años. Pero gobernar significa también recibir los problemas históricos y asumir la responsabilidad de solucionarlos.
Si hoy tenemos suficiente capacidad, que las autoridades publiquen y expliquen cuánto hay instalado, cuánto está realmente disponible, cuánto demanda el país, cuánto puede transportarse, cuánto pueden distribuir las EDE y dónde se producen las interrupciones.
Después de seis décadas, los dominicanos merecemos algo más que explicaciones sobre megavatios, temperaturas y demanda.
Y mientras continúen los apagones, permanecerá vigente una pregunta que el ministro Joel Santos debería responder: si el sistema tiene capacidad suficiente, ¿por qué se sigue yendo la luz?
jpm-am
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