EL AUTOR es politólogo. Reside en España.
He escrito varios artículos de opinión sobre la problemática de la inmigración irregular de ciudadanos de la República de Haití, su impacto en la economía de RD y un plan de mejora para solucionar o al menos minimizar las consecuencias negativas.
Lo primero que el lector debe tener en cuenta para interpretar correctamente nuestra opinión, es que ambas naciones cohabitan una misma isla de apenas 77 mil kilómetros cuadrados, entre los cuales República Dominicana tiene 48.422 kilómetros cuadrados, incluyendo las islas adyacentes y los restantes 27,755 kilómetros cuadrados y comparten una frontera de 376 km2.
Otro dato importante, es la densidad demográfica de ambos países. Aquí se invierten los papeles, ya que Haití, según datos oficiales del Banco Mundial, para el año 2022 contaba con una población de 11.584.996, mientras República Dominicana para el 2024, igualmente según datos oficiales cuenta con una población similar de 11.882.
Partiendo de estos datos estadísticos y tomando en cuenta que la situación de riqueza material, educativa y productiva son totalmente disímiles, ya que la economía dominicana es 10 veces mayor que la haitiana y es aquí la naturaleza del origen de la migración haitiana hacia dominicana en busca de mejoría.
Al principio, la misma era ordenada como consecuencia de acuerdos bilaterales entre los jefes de estados y respectivos dictadores Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930/1961 y François Duvalier 1957/1971. Esto fue posible, dado que la economía nacional de República Dominicana durante principio de siglo XX hasta las dos últimas décadas, estuvo liderada por el renglón de la venta de caña de azúcar y los ciudadanos dominicanos ni en sus peores tiempos, le gustó ejercer el corte de la caña y el tipo de vida que esa actividad agrícola conllevaba, siendo los nacionales haitianos quienes por etapas llamadas zafras azucareras, llegaban en masas al país varias veces al año bajo contrato del gobierno dominicano, previamente acordado con el gobierno del vecino país.
Algunos historiadores, dan cuenta que el precio acordado por ambos dictadores era pírrico para el extraordinario esfuerzo físico que demandaba el corte del rubro y las inclemencias del tiempo. Al concluir cada periodo de corte o zafra, los nacionales haitianos retornaban a su país con sus vástagos a la espera de la próxima convocatoria.
Con este preámbulo, persigo llevar al lector a un entendimiento cronológico del hoy conocido como el mayor problema en materia de política exterior e interior que encara el presente gobierno dominicano del honorable señor presidente Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, el cual está siendo acosado por la opinión pública nacionalista para que regule una ya y muy visible inmigración irregular de haitianos que ha degenerado en invasión masiva y no han faltado quienes la consideran como un peligro para la soberanía, la identidad y de seguridad nacional.
A la muerte de Trujillo en 1961 y la de Duvalier casi diez años después, 14 de abril 1971, todavía ambos países continuaban negociando la contratación de mano de obra haitiana para el sostenimiento de la industria azucarera con 16 ingenios produciendo el dulce a máxima capacidad.
Para ello, los gobiernos dominicanos entre el periodo de 1971 hasta 1986 de los ex presidentes: Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Majluta y Salvador Jorge Blanco, construían y mantenían asentamientos habitacionales para albergar los nacionales haitianos previamente contratados para el corte de la caña; espacios estos conocidos como ‘barracones y bateyes”, donde los extranjeros mantenían intactas su cultura gastronómica y demás, incluso, el tema de la nacionalidad de sus descendientes no significaba problema alguno para el registro civil, pues a pesar de que la Constitución dominicana les garantizaban la ciudadanía a los hijos de nacionales haitianos en condición de legalidad, aun así, cada término de la zafra, los mismos retornaban a Haití con sus progenitores.
Hasta el momento o época señalada, todo iba bien.
¿Cuándo empezó el problema y cómo hemos llegado hasta aquí?
Con el término de la guerra fría entre el Bloque Socialista Soviético y los Estados Unidos de América y sus aliados occidentales europeos en 1991 y tras el hecho anterior e histórico de la caída del Muro de Berlín, Alemania en 1989, el mundo se reorganizó geopolíticamente por la hegemonía del capitalismo sobre la economía de mercado y fue entonces que los países del mundo empezaron a reconfigurar sus economías al nuevo modelo u orden mundial. En este contexto, la República Dominicana se vio forzada a realizar cambios importantes en su economía, sustituyendo el renglón azucarero por el turismo de sol y playa. Aquí también empezó el auge de las remesas como segundo renglón económico del país, relegando a la industria de los ingenios a un tercer lugar para finales del siglo XX o quizás media década antes.
A partir de este momento, los nacionales haitianos dejaron de retornar a su país permaneciendo permanentemente en el territorio dominicano, donde hasta al momento, su mano de obra domina y reina en sectores vitales para el país como el inmobiliario, el agrícola y la construcción de obras de infraestructuras estatales. Y como si fuera poco, hasta en el transporte público de pasajeros a nivel de vehículo de dos ruedas (motoconchista).
Entonces a partir de 1996 y el gobierno de un joven presidente de apenas 43 años de edad el Dr. Leonel Fernández Reina, elegido por los dominicanos el 30 de junio de ese año, es cuando el flujo masivo de inmigrantes procedente de Haití, empezó a priorizar y ser percibido como un problema objeto de ser considerado prioritario en la agenda política.
Precisamente parte de la campaña electoral que llevó a Leonel Fernández al Palacio Nacional, tenía tendencia patriótica en alusión a que su triunfo en las urnas, impediría que un descendiente directo haitiano, se convirtiera en jefe de Estado dominicano en calidad de presidente Constitucional de la República. A todas luces me refiero al líder histórico y de masa Dr. José Francisco Peña Gómez, quien falleció en mayo del año 1998.
Desde entonces a la fecha, han sucedido un sinfín de acontecimientos que han ido diezmando las relaciones bilaterales de ambos países. Las diferencias incluso, han sido llevadas a escenarios internacionales, siendo el mayor y más simbólico de ellos, la sentencia 168/2013 emitida por del Tribunal Constitucional de República Dominicana quien en un hecho sin precedentes en nuestra historia, ordenó una revisión del Registro Civil a cargo del la Junta Central Electoral, en aras de corregir errores de inscripciones incorrectas de nacionales haitianos, a quienes se la había concedido la ciudadanía dominicana por error y en otros casos, por complacencias y actos de corrupción de funcionarios públicos en materia civil.
El gobierno de turno encabezado por el ex presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, acosado por los reclamos de la Comunidad Internacional totalmente influenciada por Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales ONG, organizó un plan masivo de regularización de inmigrantes a costo cero, amparado en la Ley 169/14, la cual establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y naturalización.
En dicho proceso se regularizaron varios cientos de miles de indocumentados, pero la gran mayoría no pudo conseguirlo por la debilidad institucional del gobierno haitiano al momento de identificar a sus ciudadanos y otorgarles un pasaporte y un acta de nacimiento, documentos imprescindibles para lograr con éxito cualquier proceso migratorio legal.
A todo esto, se sumó la corrupción de funcionarios civiles y militares que se enriquecen de la migración irregular con el descuido de la frontera. Asimismo, de importantes y grandes empresarios agrícolas y del sector de la construcción, quienes demandan de mano de obra barata y de calidad para evadir impuestos y engrosar sus ya jugosas cuentas bancarias.
Un hecho que provocó gran conmoción en la opinión pública, fue el arresto de un alto funcionario del Ministerio Público, quien, en un vehículo oficial y rotulado de la Procuraduría General de la República, estaba traficando con nacionales haitianos. Pero también han sido sorprendidos diplomáticos, policías, congresistas y otras autoridades, traficando con el drama humano en cuestión.
Para concluir este breve relato de la cruda realidad de la problemática haitiana en República Dominicana, propongo como plan de mejora varios puntos.
1. Que el gobierno dominicano deje de hacer populismo con un tema tan delicado y asuma el conflicto con el rigor institucional requerido.
2. La creación de un Consejo de Estado permanente mediante ley compuesto por el presidente de República, la vicepresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores, más los ex presidentes y vicepresidentes de la República para coordinar las políticas públicas en esa dirección y llevar una sola voz ante la Comunidad Internacional.
3. Que el gobierno envíe al Congreso Nacional, un proyecto de Ley que declare como traidor de la patria todo ciudadano con fuerza de Ley que sea sorprendido traficando con inmigrantes irregulares. Que además de la cárcel, le sea retirada su acta de nacimiento y declararlo apátrida, por consiguiente, su muerte civil.
4. Aplicar con rigurosidad la Ley actual de migración y si es posible endurecerla, y
5. Un nuevo y único plan de regularización donde todo aquel que quede fuera, sea invitado a salir voluntariamente del país en 30 días naturales, de lo contrario, sería repatriado compulsivamente a su respectivo país.
jpm-am
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