Durante más de dos décadas, la República Dominicana ha operado sin una regulación clara que delimite cuándo una tasa de interés deja de ser legítima y se convierte en abuso. No por falta de conocimiento, sino por falta de decisión.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional no crea el problema; lo deja al descubierto.
La historia ayuda a entenderlo. A inicios del siglo XX, el Estado dominicano mantenía una postura definida: el crédito debía tener límites y la usura era un delito. Aunque se trataba de un modelo básico, su lógica era coherente. Ese equilibrio se rompe en 2002, cuando la Ley Monetaria y Financiera elimina el interés legal y transfiere la fijación de tasas a la autonomía de la voluntad.
El cambio, en sí mismo, no era equivocado. La liberalización financiera es una práctica común en economías modernas. El problema fue hacerlo de manera incompleta.
Mientras países como Colombia o Chile avanzaban hacia mercados más abiertos, también establecían mecanismos técnicos para prevenir abusos: tasas máximas, metodologías de cálculo y supervisión activa. República Dominicana eliminó los límites, pero no diseñó el nuevo marco regulatorio.
Ahí es donde surgen las distorsiones.
Hoy, el sistema financiero muestra cifras que reflejan esa ausencia de regulación: tasas activas cercanas al 13%, préstamos personales que pueden alcanzar entre un 18% y un 20%, y márgenes bancarios significativos. Ninguno de estos elementos es, por sí solo, ilegal. Ese es precisamente el problema. Sin una definición normativa de usura, el sistema carece de herramientas para distinguir entre mercado y abuso.
La intervención del Tribunal Constitucional introduce un elemento clave: la omisión legislativa también puede ser inconstitucional. No legislar, cuando existe una obligación de hacerlo, deja de ser una postura neutral para convertirse en una falla del Estado.
Esto redefine el rol del Congreso.
Ya no se trata simplemente de aprobar una ley de usura. Se trata de corregir una falla estructural en el diseño institucional del sistema financiero. Y eso requiere más que voluntad política: exige rigor técnico.
Regular la usura no es fijar un número arbitrario. Implica diseñar metodologías, establecer indicadores, comprender el costo del dinero, segmentar riesgos y equilibrar el funcionamiento del sistema financiero con la protección del consumidor. Es, en esencia, construir política pública sólida.
El riesgo está claro. Una respuesta superficial cumpliría formalmente con el mandato del Tribunal Constitucional, pero dejaría intacto el problema. En cambio, una regulación bien diseñada podría cerrar una de las principales brechas del sistema económico dominicano.
La discusión sobre la usura no es, en el fondo, sobre los bancos.
Es sobre el Estado.
Sobre su capacidad de establecer reglas claras, completas y funcionales, o de seguir operando en zonas grises donde el mercado termina llenando los vacíos que la ley dejó abiertos.
Durante 25 años, la respuesta ha sido evidente.
Hoy, por primera vez, cambiarla ya no es opcional.