Santo Domingo, RD.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados debido a la falta de garantías para que se presenten a los actos del procedimiento y se sometan a todos ellos, «ya que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga».
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
Con la misma modalidad, se impuso una garantía económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada; de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias; de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y por Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, el modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.
La evidencia fue recopilada durante la investigación, que se originó a partir de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional. Esto dio lugar a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las investigaciones permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y, posteriormente, retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
El operativo fue coordinado por el Departamento de Investigación de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La fiscalía trabajó en este caso junto con la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos, realizados por 40 fiscales con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat, en los cuales se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.
Los implicados robaron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas a cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de los fondos.
Durante el operativo se ocuparon sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público también procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de actividades delictivas.
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, que continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.