SANTO DOMINGO.- La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en la República Dominicana al conmemorarse doce años la Sentencia TC 168-13, que despojó a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad.
La organización entiende que la medida del 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto.
En un comunicado indica que «la persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega».
DATOS DE POBREZA
Los datos de pobreza monetaria que recogen los boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país. Factores como el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.
“La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión. Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades”, expresa.
Dnunció que en 2024 se han intensificado los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante. Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, ponen en riesgo a dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad, obligándolos a pasar por engorrosos procesos de depuración.
Considera que aunque la Ley 169-14 buscó responder a la Sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio Interior y Policía (MIP).
“Un caso particularmente preocupante es el de los 8,000 dominicanos que, habiendo agotado el proceso ante el MIP hace 10 años, aún esperan la entrega de su documentación definitiva. La demora no solo frustra a los ciudadanos, sino que también desvaloriza la inversión pública, se da vueltas a un problema solucionable», indicó la organización.
Llamó al gobierno a implementar políticas genuinas de inclusión y a cumplir con los compromisos pendientes. «La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad», concluyeron. «
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