POR LUIS M. GUZMAN
El Gobierno dominicano ha anunciado un paquete de medidas para reducir el gasto público en aproximadamente RD$40,000 millones como respuesta a la crisis global provocada por el alza del petróleo. La decisión, presentada como un acto de responsabilidad fiscal, incluye recortes en combustible, publicidad, viáticos, eventos y adquisiciones.
Sin embargo, más allá del titular, lo que revela esta medida es una verdad incómoda, el ajuste evita cuidadosamente el corazón del problema estructural.
El detonante es real. El petróleo ha pasado de alrededor de US$57 a más de US$100 por barril, un salto superior al 80%, generando impacto directo en inflación, transporte, electricidad y presión sobre el presupuesto. En una economía altamente dependiente de importaciones energéticas, este tipo de choque no es coyuntural, sino estructural. El Estado está obligado a reaccionar, pero la forma en que lo hace define si enfrenta el problema o simplemente lo administra.
El problema no es que el Gobierno recorte gastos. El problema es qué gastos decide recortar y cuáles evita tocar. Se reduce el combustible institucional, pero no se revisa la estructura de subsidios que lo multiplica. Se limita la publicidad, pero no se cuestiona el gasto tributario. Se ajustan los viáticos, pero no se aborda el tamaño ni la eficiencia de la nómina pública. Es un ajuste visible, pero selectivo y cuidadosamente delimitado.
Contradicción
Aquí surge la primera gran contradicción, se anuncian RD$40,000 millones en ahorro mientras el Estado mantiene un gasto tributario cercano a RD$393,000 millones. Es decir, se ajusta la parte visible del gasto, pero se deja intacta la estructura invisible de privilegios fiscales. No es un problema de falta de recursos, sino de decisión política sobre qué se protege y qué se expone al recorte.
El segundo punto crítico es el subsidio a los combustibles. El Gobierno intenta contener precios para proteger a la población, pero ese subsidio no está plenamente focalizado. En la práctica, beneficia tanto al ciudadano común como a grandes consumidores. Y en muchos casos, esos mismos actores ya reciben exenciones, devoluciones o incentivos adicionales, generando una acumulación de beneficios que distorsiona el objetivo original.
Aquí el problema deja de ser económico y pasa a ser institucional. El sistema permite que un mismo actor reciba múltiples ayudas sobre el mismo insumo sin una evaluación consolidada. No existen reglas claras de no acumulación, ni una base pública que identifique beneficiarios finales, ni auditorías cruzadas efectivas. Esto no es una falla técnica aislada, sino una debilidad estructural del diseño y la ejecución del sistema fiscal.
El propio marco legal advierte sobre el uso indebido de exenciones en combustibles. El legislador previó el riesgo de desvío y abuso. Sin embargo, el aparato estatal encargado de hacer cumplir esa normativa no ha desarrollado mecanismos eficaces para evitarlo. El problema no es ausencia de ley, sino permisividad en su aplicación. La norma existe, pero la ejecución no corrige ni controla.
En ese contexto, el subsidio deja de ser una herramienta de equidad y se convierte en un canal de transferencia regresiva. El Estado subsidia en nombre de los sectores vulnerables, pero el volumen del beneficio termina concentrándose en quienes más consumen y mayor capacidad tienen de capturarlo. Se socializa el costo fiscal, pero se privatiza el beneficio económico.
Políticos y nómina
La reducción del 50% al financiamiento de los partidos políticos tiene valor simbólico y político. Envía un mensaje de austeridad compartida. Sin embargo, no debe confundirse con una solución estructural. Es una medida visible, pero fiscalmente limitada frente al tamaño del problema. No altera la lógica del gasto ni corrige las distorsiones profundas del sistema.
Más preocupante es lo que no aparece en el paquete de medidas, la nómina pública. No existe un planteamiento serio sobre su tamaño, su crecimiento o su eficiencia. Y sin abordar ese componente, cualquier ajuste es incompleto. El gasto corriente permanente es el que define la sostenibilidad fiscal, no el gasto ocasional que puede reducirse temporalmente.
Lo mismo ocurre con transferencias a organismos autónomos y empresas públicas. Se plantea reducirlas, pero no transformar su modelo operativo. Sin cambios estructurales, estos recortes pueden revertirse fácilmente cuando la presión disminuya. La historia fiscal del país muestra que los ajustes sin reforma terminan siendo temporales y poco efectivos en el largo plazo.
La conclusión es clara, el Gobierno ha anunciado un ajuste, pero no una reforma. Mientras no se intervenga el núcleo del gasto —subsidios acumulados, exenciones sin control, nómina pública inflada y duplicidad institucional— cada crisis seguirá resolviéndose de la misma forma. No es sólo cuánto se gasta, sino cómo se gasta, para quién se gasta y, sobre todo, qué se decide no tocar.
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